S?bado, 25 de septiembre de 2010

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El Diario de C?diz(1) public? el 12 de agosto del 2009 la noticia de la sentencia dictada en fecha 17 de diciembre del 2008 de?la Secci?n Segunda de la Audiencia provincial de C?diz(Id Cendoj: 11012370022008100320)(2), que?condena al Letrado Gaditano Ram?n D?vila Guerrero a indemnizar a dos familias por haber presentado extemporaneamente una reclamaci?n de da?os y perjuicios por fallecimiento en accidente laboral contra la empresa en que trabajaban los fallecidos.

Pese a que, durante mucho tiempo los profesionales liberales gozaron de cierta inmunidad que les proteg?a,?desde hace?20 a?os?existen abundantes sentencias que, al admitir su responsabilidad civil, demuestran que los abogados y procuradores han dejado de ser intocables. Aunque la responsabilidad civil de los profesionales?del Derecho?es tan solo un apartado dentro de la disciplina general de la responsabilidad, existe un aspecto que plantea problemas espec?ficos en este ?mbito: el concepto de diligencia debida, la determinaci?n del da?o indemnizable y la valoraci?n del quantum indemnizatorio. Es de destacar que la pericial queda sustiuida por los conocimientos del Juez o Tribunal, a diferencia de las negligencias m?dicas o de la construcci?n.

En los ?ltimos tiempos la actitud de los ciudadanos frente a los da?os que sufren ha experimentado un importante cambio. La resignaci?n de?otros tiempos?ha dado paso a una b?squeda del culpable ?el profesional− a quien demandar y exigir la reparaci?n de los da?os sufridos. Quiz?s se deba a la influencia del sistema judicial americano, en el que este tipo de demandas estan a la orden del d?a.

As? pues, los profesionales liberales han pasado de ser intocables, a convertirse en los destinatarios de infinidad de demandas de responsabilidad civil. Sin embargo, este proceso ha sido gradual. De hecho, en un principio, el mencionado fen?meno afect? tan solo a determinados profesionales; a los m?dicos primero y a los arquitectos e ingenieros, despu?s. Pero durante d?cadas, los Abogados y Procuradores continuaron gozando de la inexplicable inmunidad que les proteg?a.

Esto queda demostrado por el hecho que, hasta 1987 (3), no existe una sentencia del Tribunal Supremo espa?ol que declare de forma expresa la responsabilidad civil de estos profesionales del Derecho. En la provincia de C?diz la primera sentencia condenatoria a un letrado por negligencia profesional es de fecha 23 de diciembre de 1999 (4). Esta diferencia de trato respecto al resto de profesionales liberales resulta, en cierto modo, inexplicable, ya que, como hemos apuntado antes,?los especiales conocimientos cient?fico-jur?dicos de los??rganos judiciales?deber?an facilitar la apreciaci?n de los requisitos de su responsabilidad civil sin necesidad de acudir a pericial alguna. A fin de cuentas, a diferencia de lo que sucede con el resto de profesionales liberales, el an?lisis de la responsabilidad no exige recurrir a la ayuda de los peritos; es decir, el juez puede por s? mismo, sin necesidad de ayuda pericial, comprobar si se cumplen los requisitos de la responsabilidad.

En cualquier caso, pese al t?mido reconocimiento de que fue objeto la responsabilidad de estos profesionales en un primer momento, limitada al reconocimiento ?nicamente de casos flagrantes de negligencia,?la m?s reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo espa?ol constituye una prueba manifiesta de la superaci?n de esta reticencia inicial, pues cada vez son m?s numerosas las sentencias que reconocen la responsabilidad de estos profesionales. Ahora bien, el dato que realmente nos permite pronosticar la segura ??consolidaci?n del fen?meno en el Ordenamiento Jur?dico espa?ol es el elevado n?mero de sentencias dictadas ?ltimamente por los tribunales inferiores, especialmente por las diferentes ?Audiencias Provinciales.

Al incremento considerable de sentencias sobre el tema hay que sumar el cambio cualitativo ?que est? experimentando la jurisprudencia. As?, aunque los primeros errores de Abogados y Procuradores que llamaron la atenci?n de los tribunales espa?oles fueron los relativos al incumplimiento de plazos previstos en las normas procesales, en los ?ltimos tiempos el reconocimiento de responsabilidad de estos profesionales deriva del incumplimiento de ciertos deberes accesorios que habitualmente acompa?an a la prestaci?n principal. Concretamente, son ya numerosas las sentencias que declaran la responsabilidad del letrado por omitir informaci?n al cliente, por revelar el secreto confiado por el mismo o por perder los documentos que le hab?an sido entregados al inicio de la relaci?n contractual.

Incluso ultimamente existen sentencias que hacen responsable al letrado de los da?os que desencadena el irrazonable planteamiento t?cnico del asunto y se ha pasado de valorar comportamientos u omisiones procesales que suponen un incumplimiento flagrante por parte del abogado o Procurador, a enjuiciar hip?tesis menos evidentes, pero constitutivas igualmente de incumplimiento.

En cualquier caso, independientemente del motivo desencadenante de la responsabilidad del letrado, debe descartarse de manera categ?rica que pueda servir de indicio de su responsabilidad civil la simple p?rdida del pleito incoado por el mismo. Dicho de otra forma, aunque fracase el proceso, la responsabilidad civil del profesional solo podr? afirmarse si concurren los requisitos de la misma; esto es, si el fracaso deriva de la defectuosa actuaci?n o la omisi?n del letrado y ello provoca da?os que se encuentran conectados causalmente a tal comportamiento. Lo contrario podr?a provocar el riesgo de extender excesivamente la responsabilidad de estos profesionales, pues, como en la mayor?a de los procesos suele haber una pretensi?n que gana y otra que fracasa, potencialmente cabr?a imputar negligencia al cincuenta por ciento de los profesionales liberales del Derecho (los que pierden), lo que resulta totalmente inadmisible.

La responsabilidad civil del Abogado o Procurador est?, pues, a la orden del d?a. Ahora bien, pese a que los interrogantes jur?dicos que suscita la responsabilidad civil de estos profesionales son numerosos, actualmente la cuesti?n m?s controvertida en esta materia es, sin lugar a dudas, la determinaci?n del da?o indemnizable y el c?lculo de su quantum indemnizatorio. Aunque en este ?mbito han de aplicarse, en principio, las reglas generales del sistema, cuando se valora la responsabilidad de los profesionales tales normas se muestran insuficientes. Esto es as? porque, junto a da?os f?cilmente identificables y cuantificables (como, por ejemplo, los gastos o costas del proceso que se perdi? por culpa del abogado), el ejercicio de la abogac?a puede desencadenar otros da?os de car?cter mucho m?s complejo y que no se producen en otros sectores de la responsabilidad civil. De hecho, la especialidad que puede llegar a revestir el da?o derivado de la actuaci?n u omisi?n del Abogado o Procurador es la raz?n que justifica, precisamente, el estudio detallado de este elemento.

La diligencia exigible al abogado en su ejercicio profesional no es simplemente la de un buen padre de familia sino que seg?n la STS de 28 de enero de 1998 (5), FD 3? , imponen al profesional el deber de ejecuci?n ?ptima del servicio contratado que presupone la adecuada preparaci?n profesional y el cumplimiento correcto; de ello se desprende que si no se ejecuta o se hace incorrectamente se produce el incumplimiento total o el cumplimiento defectuoso de la obligaci?n que corresponde al profesional a lo que a?ade que cuando se produce un incumplimiento de la obligaci?n se presume que ha sido por culpa del deudor; la conducta humana se supone voluntaria y es el deudor que incumple el que debe probar que ha sido sin culpa sino por caso fortuito o fuerza mayor seg?n se prev? en el art. 1183 CC respeto de las obligaciones de dar pero que se extiende no tanto por analog?a sino como principio general seg?n la doctrina y la jurisprudencia a todas las obligaciones. De ello se deriva que aplicando correctamente el art 1544 CC como norma general se han aplicado asimismo los arts. 1104. 1 que define la culpa y el 1101 CC que sujeta al que incumple culpablemente a la responsabilidad consistente en indemnizar da?os y perjuicios de acuerdo tambi?n con el art. 102 del Estatuto General de la Abogac?a.

Los requisitos de la responsabilidad civil de los Profesionales del Derecho pueden sintetizarse en tres elementos esenciales:

  • La responsabilidad civil profesional del Abogado o Procurador exige, en primer t?rmino, el incumplimiento de sus deberes profesionales. En el caso de la defensa judicial estos deberes se ci?en al respeto de la lex artis [reglas del oficio], esto es, de las reglas t?cnicas de la abogac?a o procura com?nmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso. La jurisprudencia ha establecido que, trat?ndose de una responsabilidad subjetiva de car?cter contractual, la carga de la prueba de la falta de diligencia en la prestaci?n profesional, del nexo de causalidad con el da?o producido, y de la existencia y del alcance de ?ste corresponde a la parte que demanda la indemnizaci?n por incumplimiento contractual (SSTS de 14 de julio de 2005, RC n.? 971/1999, 21 de junio de 2007, RC n.? 4486/2000 ).
  • Es preciso, en segundo t?rmino, que haya existido un perjuicio efectivo. Cuando el da?o por el que se exige responsabilidad civil consiste en la frustraci?n de una acci?n judicial, el car?cter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el da?o deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acci?n frustrada tiene como finalidad la obtenci?n de una ventaja de contenido econ?mico, cosa que implica, para valorar la procedencia de la acci?n de responsabilidad, el deber de urdir un c?lculo prospectivo de oportunidades de buen ?xito de la acci?n frustrada (pues puede concurrir un da?o patrimonial incierto por p?rdida de oportunidades: SSTS de 26 de enero de 1999, 8 de febrero de 2000, 8 de abril de 2003 y 30 de mayo de 2006 ). El da?o por p?rdida de oportunidades es hipot?tico y no puede dar lugar a indemnizaci?n cuando no hay una razonable certidumbre de la probabilidad del resultado. La responsabilidad por p?rdida de oportunidades exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situaci?n f?ctica o jur?dica id?nea para realizarlas (STS de 27 de julio de 2006). Este criterio impone examinar si, como consecuencia del incumplimiento de las reglas del oficio, que debe resultar probada, se ha producido --siempre que no concurran elementos ajenos suficientes para desvirtuar su influencia en el resultado da?oso, como la dejadez de la parte, la dificultad objetiva de la posici?n defendida, la intervenci?n de terceros o la falta de acierto no susceptible de ser corregida por medios procesales de la actuaci?n judicial-- una disminuci?n notable y cierta de las posibilidades de defensa de la parte suficiente para ser configurada como un da?o que debe ser resarcido en el marco de la responsabilidad contractual que consagra el art?culo 1101 CC (STS 23 de julio de 2008, RC n.? 98/2002 ).
  • En tercer t?rmino, es menester que exista un nexo de causalidad entre el ?incumplimiento de los deberes profesionales y el da?o producido, y que ?ste sea imputable objetivamente, con arreglo a los principios que pueden extraerse del ordenamiento jur?dico, al profesional. El juicio de imputabilidad en que se funda la responsabilidad del Abogado o Procurador exige tener en cuenta que el deber de defensa no implica una obligaci?n de resultado, sino una obligaci?n de medios, en el sentido de que no comporta, como regla general, la obligaci?n de lograr una estimaci?n o una resoluci?n favorable a las pretensiones deducidas o a la oposici?n formulada contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta depender?, entre otros factores, de haberse logrado la convicci?n del juzgador (SSTS de 14 de julio de 2005, 14 de diciembre de 2005, 30 de marzo de 2006, 30 de marzo de 2006, RC n.? 2001/1999, 26 de febrero de 2007, RC n.? 715/2000 , entre otras).

Imaginemos, pues, que un letrado interpone la demanda o recurso de su cliente fuera de plazo. En supuestos como este, ?en qu? consiste el da?o? Pues bien, los da?os que puede llegar a ocasionar la conducta negligente descrita son muy variados. En primer lugar, en determinadas circunstancias, un estudio de la pretensi?n que ha resultado frustrada por la negligencia del letrado puede arrojar la conclusi?n de que, de no ser por la actuaci?n del abogado, esta habr?a prosperado: esto es, tras el estudio del caso, se puede llegar a afirmar que si el letrado hubiera sido diligente se habr?a obtenido una sentencia estimatoria con toda seguridad o con una probabilidad rayana en la certeza. En estos casos no habr? duda, pues, de que el letrado ha privado a su cliente de la pretensi?n misma. En tales circunstancias existir? un aut?ntico da?o emergente ("la privaci?n de la pretensi?n") y, en consecuencia, la indemnizaci?n de da?os y perjuicios habr? de coincidir con el valor de la pretensi?n frustrada, en el caso de que esta tenga contenido econ?mico. Trat?ndose, por el contrario, de una pretensi?n de car?cter extra patrimonial (v. gr., reconocimiento de paternidad, acciones de separaci?n y divorcio, etc.), la determinaci?n de la indemnizaci?n derivada de la privaci?n de la pretensi?n al cliente no resultar? tan sencilla, suscit?ndose en este punto los mismos inconvenientes que plantea la determinaci?n del quantum indemnizatorio del da?o moral.

Como se ha dicho, si la pretensi?n perdida fuese de car?cter patrimonial, la determinaci?n del quantum indemnizatorio resultar? f?cil, pues la indemnizaci?n deber? coincidir con el valor cuantitativo de la pretensi?n. No obstante, en un principio, los tribunales espa?oles se mostraron un poco reacios a conceder como indemnizaci?n el valor econ?mico de la ??pretensi?n frustrada por culpa del abogado, aunque pudiera vaticinarse a priori o a posteriori la estimaci?n indubitada de la misma. Sin embargo, sobre este extremo tambi?n puede observarse una evoluci?n en la jurisprudencia del Alto Tribunal espa?ol, ya que, en sus sentencias m?s recientes, admite abiertamente que la cuant?a de la indemnizaci?n puede llegar a coincidir con el valor econ?mico de la pretensi?n reclamada y finalmente frustrada por la impericia del letrado.

Ahora bien, hay que reconocer que, por regla general, la privaci?n de la pretensi?n no constituir? un da?o autom?tico en los casos de responsabilidad civil del Abogado o Procurador, debido a su car?cter hipot?tico o eventual. Cuando, por ejemplo, el abogado formaliza la demanda o recurso fuera del plazo previsto legalmente, en? la mayor?a de las ocasiones resultar? imposible afirmar, sin lugar a dudas, el ?xito de la acci?n no interpuesta o, lo que es lo mismo, la estimaci?n de la pretensi?n judicial del cliente. Por tanto, normalmente, la privaci?n de la pretensi?n ser? un da?o que dif?cilmente pueda concurrir, ya que, para ello, el porcentaje de prosperabilidad de la pretensi?n fallida habr? de ser del cien por cien. Desde el momento en que disminuya tal porcentaje, no se puede entender que la conducta del letrado provoque la privaci?n de la pretensi?n que tiene o cree tener el cliente. En tales casos, la deficiente actuaci?n del abogado podr? originar, a lo sumo, la privaci?n a los clientes de unas expectativas o esperanzas procesales; esto es, en la mayor?a de las ocasiones de lo que realmente se priva a la v?ctima es de la oportunidad de conseguir una sentencia estimatoria y no de la sentencia estimatoria como tal.

Pues bien, este perjuicio ha sido calificado por la doctrina con el galicismo "p?rdida de una chance", categor?a general de da?os en la que se incluyen todos aquellos casos en los que el agente da?ante, con su actuaci?n u omisi?n, ha interrumpido un proceso con el que la v?ctima ten?a probabilidades de conseguir una ganancia o evitar una p?rdida, por encontrarse en la situaci?n id?nea para ello. Aunque la doctrina francesa ha propuesto diferentes ejemplos de p?rdida de la chance, el ejemplo m?s significativo de p?rdida de una chance lo constituye, sin lugar a dudas, la hip?tesis de la que partimos en la presente exposici?n: un procurador o abogado encargado de interponer una demanda o recurso, deja transcurrir los plazos previstos por la ley para ello.

En los ejemplos anteriores, ya no podr? saberse si el Abogado o Procurador, de haber sido diligente, hubiera ganado o no el pleito. En ninguno de ellos puede afirmarse rotundamente que se habr?a alcanzado el resultado perseguido, aunque no cabe duda que el cliente se encontraba en la posici?n id?nea para conseguirlo. Por ello, de lo que realmente se le priva al cliente es de las esperanzas; de la probabilidad de conseguir ese resultado favorable. Y privar de esa esperanza al sujeto implica un da?o, aunque la valoraci?n del mismo resulte, como luego se demostrar?, sumamente complicada. Concretamente, el da?o consiste en la p?rdida de la oportunidad de conseguir un beneficio, no en la p?rdida del beneficio como tal: en el caso que nos ocupa, en la p?rdida definitiva de la posibilidad de que la pretensi?n sea estimada por los tribunales.

Ahora bien, para que el da?o por p?rdida de oportunidad procesal resulte indemnizable, ser? necesario que re?na ciertos requisitos que han sido apuntados y desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia espa?olas. Los requisitos que han de concurrir en la p?rdida de la oportunidad procesal para que re?na certeza y, en consecuencia, resulte indemnizable son b?sicamente dos:

  • En primer lugar, que el resultado sea definitivo, esto es, que la situaci?n no pueda ser solucionada a trav?s de ulteriores actuaciones procesales. En otras palabras: si el cliente sigue contando con remedios procesales contra la sentencia desestimatoria, no se le podr? hacer responder al letrado por la p?rdida de la oportunidad de que la pretensi?n fuese estimada por los ?rganos de la jurisdicci?n, puesto que el cliente seguir? contando con tal oportunidad.
  • En segundo t?rmino, se requiere que, antes de la defectuosa actuaci?n u omisi?n del letrado, existiera alguna oportunidad de que la pretensi?n fallida fuera estimada, lo que no suceder?, evidentemente, cuando la acci?n o derecho hubiera prescrito antes de contratarse los servicios del letrado, pero tampoco cuando se trate de pretensiones totalmente infundadas o carentes de base jur?dica.

Dejando a un lado el problema de la posible naturaleza patrimonial o moral del da?o consistente en la p?rdida de la oportunidad procesal ?tema debatido hasta la saciedad por la doctrina espa?ola?, el interrogante m?s importante que plantea esta clase de da?os es la determinaci?n cuantitativa de su indemnizaci?n.

En otras palabras, ?qu? indemnizaci?n merece quien se ha visto privado de una expectativa procesal?, ?qu? criterios ha de tener en cuenta el juzgador, a la hora de calcular la indemnizaci?n correspondiente por este da?o? Un par?metro importante para concretar la indemnizaci?n de la p?rdida de la oportunidad es, fundamentalmente, el c?lculo aproximado de las probabilidades de ?xito o fracaso de la pretensi?n perdida. Ello significa que la indemnizaci?n deber? ser m?s o menos elevada en atenci?n a la mayor o menor probabilidad de ?xito que tuviera la demanda o el recurso intempestivo. Sin embargo, el c?lculo del porcentaje de probabilidad dista mucho de ser una cuesti?n sencilla. Por ello, la doctrina sugiere dos procedimientos diferentes para efectuar tal c?lculo.

  • En primer lugar, se se?ala el procedimiento estad?stico; esto es, analizar el porcentaje de ?xito de las reclamaciones de naturaleza an?loga a la frustrada por el letrado. Cuanto mayor sea el porcentaje de ?xito de estas reclamaciones, mayor deber? ser la reparaci?n. Ahora bien, aunque esta t?cnica de valoraci?n aporta certeza y seguridad jur?dica, las limitaciones ??derivadas de este procedimiento son evidentes, pues resulta sumamente complicado encontrar supuestos de hechos id?nticos y cualquier variaci?n de los hechos entre dos casos, por m?nima que sea, puede dar lugar a resultados jur?dicos distintos.
  • Por ello, ante los inconvenientes que plantea el procedimiento estad?stico, el segundo criterio utilizado por la doctrina para concretar la indemnizaci?n por p?rdida de oportunidad procesal es el denominado "juicio dentro del juicio". Este m?todo consiste en un juicio imaginario a trav?s del cual el juez que examina la responsabilidad del letrado determina hipot?ticamente cu?l habr?a sido el desenlace del asunto si la demanda o recurso se hubiese interpuesto a tiempo.

La principal ventaja que proporciona el denominado "juicio dentro del juicio" es que se trata de un m?todo objetivo para cuantificar el da?o en estos casos y, en consecuencia, evita c?lculos arbitrarios del mismo.

Sin embargo,? a pesar de las ventajas que proporciona, este m?todo ha recibido diferentes cr?ticas.

  • Entre otros reproches, se afirma que "no son parte quienes habr?an sido demandados en aquel juicio ante la jurisdicci?n (...), demandados que podr?an oponer una serie de defensas o excepciones". Por ello, se dice que el "juicio dentro del juicio" solo aporta una "revisi?n distorsionada por falta de alegaciones de las partes y de contradicci?n entre estas" (STS de 26 enero 1999). Sin embargo, esta cr?tica ha de matizarse, puesto que, aun sin desconocer este inconveniente, no se comprende por qu? el mismo ha de favorecer precisamente al profesional negligente que ha provocado esa situaci?n.
  • M?s cuestionable a?n resulta la cr?tica que acusa a este m?todo de provocar cierta vulneraci?n de la cosa juzgada. Seg?n el principio de cosa juzgada, una sentencia firme es irrevocable e inmutable, por lo que no cabe que otro tribunal vuelva a conocer sobre aquello que fue objeto de la misma. A pesar de que tal vulneraci?n ha sido apuntada por alguna sentencia del ??Tribunal Supremo espa?ol, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la utilizaci?n del citado m?todo no provoca la vulneraci?n de este principio pues, tras la realizaci?n de este juicio imaginario, no se modifica la situaci?n jur?dica declarada en la sentencia firme; de hecho, lo ?nico que persigue el proceso de responsabilidad civil es reparar al cliente perjudicado por la negligencia del letrado, pero su pretensi?n frustrada o no incoada continuar? en la misma situaci?n. Esta circunstancia es precisamente la que justifica que el cliente reciba una indemnizaci?n en estos casos.

Adem?s de calcular las probabilidades de ?xito de la pretensi?n frustrada (a trav?s de cualquiera de los dos m?todos expuestos: el estad?stico y el denominado "juicio dentro del juicio"), la concreta determinaci?n del quantum indemnizatorio de la oportunidad procesal perdida, exigir? realizar una operaci?n adicional: aplicar el porcentaje de probabilidad o prosperabilidad hallado a la cantidad solicitada en el proceso no incoado o frustrado por la negligencia del Abogado o Procurador. Ahora bien, aunque la utilizaci?n conjunta de estos dos criterios proporciona una f?rmula objetiva para calcular la indemnizaci?n, la aplicaci?n de tal f?rmula no est? exenta de dificultades en el ?mbito del Derecho, donde el c?lculo de porcentajes de prosperabilidad, de poder realizarse, ser? en muchos casos aproximado. Por otra parte, pese a que los par?metros anteriores facilitan, sin lugar a dudas, la cuantificaci?n econ?mica de la p?rdida de la oportunidad, en ocasiones no resultar?n eficaces, como sucede con las pretensiones extra patrimoniales. En estos casos, pues, el c?lculo de la indemnizaci?n deber? efectuarse en t?rminos semejantes a la cuantificaci?n del da?o moral.

La negligencia profesional en el cumplimiento de los servicios de Abogado o Procurador se vincula, casi siempre, a la privaci?n de derechos o expectativas procesales, a la infracci?n del derecho a los recursos o a la tutela judicial efectiva (SsTS de 20 de mayo de 1.996, 29 de mayo de 2.003, 26 de enero de 1.999, 8 de febrero de 2.000 y 8 de abril de 2.003 ).

Una vez acreditada una negligencia, la fijaci?n de los da?os y perjuicios se reconduce, normalmente, a la fijaci?n del da?o moral y no a la valoraci?n del hipot?tico da?o sufrido (SsTs de 28 de abril de 2.005 y 14 de julio de 2.005 ). En el da?o moral se integran, con naturalidad, los criterios referidos a la posibilidad de ?xito o de la "p?rdida de oportunidad" de la actuaci?n letrada fallida (STS de 8 de abril de 2.003 ). Es decir, la reparaci?n del da?o moral se produce acudiendo a la p?rdida de oportunidad que se ha ocasionado por impericia o falta de diligencia del Abogado o Procurador cuyos servicios profesionales se han solicitado (SsTs de 29 de mayo de 2.003, 9 de julio de 2.004 y 28 de enero de 2.005 ) y no acudiendo a los supuestos derechos o beneficios dejados de obtener. Ello significa que la indemnizaci?n se debe fijar en contemplaci?n de las probabilidades de ?xito del tr?mite perdido (as?, STS de 29 de mayo de 2.003, sobre caducidad de la formalizaci?n de recurso de casaci?n laboral y 12 de diciembre de 2003, o 8 de julio de 2003 , que consider? "nulas" las posibilidades de prosperabilidad del recurso y, por tanto, deneg? la reclamaci?n por da?o moral), sin que sea preciso un juicio exacto sobre las posibilidades de que el recurso triunfe (STS 29 de mayo de 2003 ), porque ello supondr?a llevar a cabo meras conjeturas.

Criterios cercanos al da?o real s?lo se recogen por la doctrina jurisprudencial cuando la negligencia ha supuesto la p?rdida de un derecho cierto ya reconocido (as?, la no indicaci?n al cliente del plazo establecido en sentencia firme, para evitar la resoluci?n de una venta y la p?rdida de un inmueble, STS de 18 de febrero de 2.005 ) o el devengo de unos gastos claramente determinados (as?, los gastos y costas judiciales SsTs de 11 de noviembre de 1.997 y 25 de junio de 1.998 ); las costas de un recurso fuera de plazo, las de una demanda de acci?n ya prescrita, o las de una demandada formulada ante ?rgano territorialmente incompetente (SsTs de 25 de junio de 1.998, 14 de febrero y 14 de julio de 2.003 ).

Raramente se concede el total de lo que se podr?a haber obtenido (STS 28 de enero de 1998 ).

Para terminar con el estudio de los da?os derivados de la negligencia del profesional jur?dico liberal, hay que diferenciar la p?rdida de la oportunidad de otro da?o ligado a la actividad procesal del letrado o caus?dico: la privaci?n del derecho que ostenta cualquier ciudadano a que sus pretensiones sean conocidas por los tribunales. El mayor inconveniente que suscita este da?o ?adem?s del recurrente problema de su naturaleza jur?dica? vuelve a ser, de nuevo, la determinaci?n de su cuant?a, puesto que el derecho del que se ve privado el cliente no es susceptible de cuantificaci?n econ?mica. En mi opini?n, el c?lculo del quantum indemnizatorio por la privaci?n de este derecho ser? mucho m?s dificultoso incluso que la determinaci?n de la cifra en la que ha de ser indemnizada la p?rdida de la oportunidad procesal, ya que no pueden ser aplicados en este caso los criterios que utilizan doctrina y jurisprudencia para calcular la indemnizaci?n de aquella, al tratarse de un derecho no susceptible de cuantificaci?n econ?mica.

Por ello, los da?os espec?ficos que derivan de la actividad procesal de estos profesionales del Derecho son, en primer lugar, la privaci?n de la pretensi?n, cuando pueda pronosticarse, sin lugar a dudas, un porcentaje de prosperabilidad de la pretensi?n frustrada del cien por cien; en segundo t?rmino, la p?rdida de la oportunidad procesal, cuando la oportunidad procesal perdida fuera seria y fundada, pero con un porcentaje de prosperabilidad por debajo de esa cantidad y, en tercer y ?ltimo lugar, la privaci?n del derecho a los recursos.


?1.-????????Noticia del Diario de C?diz.

2.-??? Sentencia de la AP de C?diz por negligencia profesional de abogado.

?

3.-????Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1987

4.-??? Sentencia de la AP ce C?diz de 23 de diciembre de 1999.

?

5.-??? ?Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1998.

?????????Sentencia del Tribunal Supermo (Sala de lo Social) de familiares de fallecidos contra Astilleros.?

????????Sentencia de la AP de C?diz?de familiares de fallecidos contra Astilleros.

?

??????? Art?culo en pdf.

?


Publicado por PEPE-EL-ZIZANIA @ 20:02
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