Sábado, 25 de septiembre de 2010

 

El Diario de Cádiz(1) publicó el 12 de agosto del 2009 la noticia de la sentencia dictada en fecha 17 de diciembre del 2008 de la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Cádiz(Id Cendoj: 11012370022008100320)(2), que condena al Letrado Gaditano Ramón Dávila Guerrero a indemnizar a dos familias por haber presentado extemporaneamente una reclamación de daños y perjuicios por fallecimiento en accidente laboral contra la empresa en que trabajaban los fallecidos.

Pese a que, durante mucho tiempo los profesionales liberales gozaron de cierta inmunidad que les protegía, desde hace 20 años existen abundantes sentencias que, al admitir su responsabilidad civil, demuestran que los abogados y procuradores han dejado de ser intocables. Aunque la responsabilidad civil de los profesionales del Derecho es tan solo un apartado dentro de la disciplina general de la responsabilidad, existe un aspecto que plantea problemas específicos en este ámbito: el concepto de diligencia debida, la determinación del daño indemnizable y la valoración del quantum indemnizatorio. Es de destacar que la pericial queda sustiuida por los conocimientos del Juez o Tribunal, a diferencia de las negligencias médicas o de la construcción.

En los últimos tiempos la actitud de los ciudadanos frente a los daños que sufren ha experimentado un importante cambio. La resignación de otros tiempos ha dado paso a una búsqueda del culpable –el profesional− a quien demandar y exigir la reparación de los daños sufridos. Quizás se deba a la influencia del sistema judicial americano, en el que este tipo de demandas estan a la orden del día.

Así pues, los profesionales liberales han pasado de ser intocables, a convertirse en los destinatarios de infinidad de demandas de responsabilidad civil. Sin embargo, este proceso ha sido gradual. De hecho, en un principio, el mencionado fenómeno afectó tan solo a determinados profesionales; a los médicos primero y a los arquitectos e ingenieros, después. Pero durante décadas, los Abogados y Procuradores continuaron gozando de la inexplicable inmunidad que les protegía.

Esto queda demostrado por el hecho que, hasta 1987 (3), no existe una sentencia del Tribunal Supremo español que declare de forma expresa la responsabilidad civil de estos profesionales del Derecho. En la provincia de Cádiz la primera sentencia condenatoria a un letrado por negligencia profesional es de fecha 23 de diciembre de 1999 (4). Esta diferencia de trato respecto al resto de profesionales liberales resulta, en cierto modo, inexplicable, ya que, como hemos apuntado antes, los especiales conocimientos científico-jurídicos de los órganos judiciales deberían facilitar la apreciación de los requisitos de su responsabilidad civil sin necesidad de acudir a pericial alguna. A fin de cuentas, a diferencia de lo que sucede con el resto de profesionales liberales, el análisis de la responsabilidad no exige recurrir a la ayuda de los peritos; es decir, el juez puede por sí mismo, sin necesidad de ayuda pericial, comprobar si se cumplen los requisitos de la responsabilidad.

En cualquier caso, pese al tímido reconocimiento de que fue objeto la responsabilidad de estos profesionales en un primer momento, limitada al reconocimiento únicamente de casos flagrantes de negligencia, la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo español constituye una prueba manifiesta de la superación de esta reticencia inicial, pues cada vez son más numerosas las sentencias que reconocen la responsabilidad de estos profesionales. Ahora bien, el dato que realmente nos permite pronosticar la segura   consolidación del fenómeno en el Ordenamiento Jurídico español es el elevado número de sentencias dictadas últimamente por los tribunales inferiores, especialmente por las diferentes  Audiencias Provinciales.

Al incremento considerable de sentencias sobre el tema hay que sumar el cambio cualitativo  que está experimentando la jurisprudencia. Así, aunque los primeros errores de Abogados y Procuradores que llamaron la atención de los tribunales españoles fueron los relativos al incumplimiento de plazos previstos en las normas procesales, en los últimos tiempos el reconocimiento de responsabilidad de estos profesionales deriva del incumplimiento de ciertos deberes accesorios que habitualmente acompañan a la prestación principal. Concretamente, son ya numerosas las sentencias que declaran la responsabilidad del letrado por omitir información al cliente, por revelar el secreto confiado por el mismo o por perder los documentos que le habían sido entregados al inicio de la relación contractual.

Incluso ultimamente existen sentencias que hacen responsable al letrado de los daños que desencadena el irrazonable planteamiento técnico del asunto y se ha pasado de valorar comportamientos u omisiones procesales que suponen un incumplimiento flagrante por parte del abogado o Procurador, a enjuiciar hipótesis menos evidentes, pero constitutivas igualmente de incumplimiento.

En cualquier caso, independientemente del motivo desencadenante de la responsabilidad del letrado, debe descartarse de manera categórica que pueda servir de indicio de su responsabilidad civil la simple pérdida del pleito incoado por el mismo. Dicho de otra forma, aunque fracase el proceso, la responsabilidad civil del profesional solo podrá afirmarse si concurren los requisitos de la misma; esto es, si el fracaso deriva de la defectuosa actuación o la omisión del letrado y ello provoca daños que se encuentran conectados causalmente a tal comportamiento. Lo contrario podría provocar el riesgo de extender excesivamente la responsabilidad de estos profesionales, pues, como en la mayoría de los procesos suele haber una pretensión que gana y otra que fracasa, potencialmente cabría imputar negligencia al cincuenta por ciento de los profesionales liberales del Derecho (los que pierden), lo que resulta totalmente inadmisible.

La responsabilidad civil del Abogado o Procurador está, pues, a la orden del día. Ahora bien, pese a que los interrogantes jurídicos que suscita la responsabilidad civil de estos profesionales son numerosos, actualmente la cuestión más controvertida en esta materia es, sin lugar a dudas, la determinación del daño indemnizable y el cálculo de su quantum indemnizatorio. Aunque en este ámbito han de aplicarse, en principio, las reglas generales del sistema, cuando se valora la responsabilidad de los profesionales tales normas se muestran insuficientes. Esto es así porque, junto a daños fácilmente identificables y cuantificables (como, por ejemplo, los gastos o costas del proceso que se perdió por culpa del abogado), el ejercicio de la abogacía puede desencadenar otros daños de carácter mucho más complejo y que no se producen en otros sectores de la responsabilidad civil. De hecho, la especialidad que puede llegar a revestir el daño derivado de la actuación u omisión del Abogado o Procurador es la razón que justifica, precisamente, el estudio detallado de este elemento.

La diligencia exigible al abogado en su ejercicio profesional no es simplemente la de un buen padre de familia sino que según la STS de 28 de enero de 1998 (5), FD 3° , imponen al profesional el deber de ejecución óptima del servicio contratado que presupone la adecuada preparación profesional y el cumplimiento correcto; de ello se desprende que si no se ejecuta o se hace incorrectamente se produce el incumplimiento total o el cumplimiento defectuoso de la obligación que corresponde al profesional a lo que añade que cuando se produce un incumplimiento de la obligación se presume que ha sido por culpa del deudor; la conducta humana se supone voluntaria y es el deudor que incumple el que debe probar que ha sido sin culpa sino por caso fortuito o fuerza mayor según se prevé en el art. 1183 CC respeto de las obligaciones de dar pero que se extiende no tanto por analogía sino como principio general según la doctrina y la jurisprudencia a todas las obligaciones. De ello se deriva que aplicando correctamente el art 1544 CC como norma general se han aplicado asimismo los arts. 1104. 1 que define la culpa y el 1101 CC que sujeta al que incumple culpablemente a la responsabilidad consistente en indemnizar daños y perjuicios de acuerdo también con el art. 102 del Estatuto General de la Abogacía.

Los requisitos de la responsabilidad civil de los Profesionales del Derecho pueden sintetizarse en tres elementos esenciales:

  • La responsabilidad civil profesional del Abogado o Procurador exige, en primer término, el incumplimiento de sus deberes profesionales. En el caso de la defensa judicial estos deberes se ciñen al respeto de la lex artis [reglas del oficio], esto es, de las reglas técnicas de la abogacía o procura comúnmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso. La jurisprudencia ha establecido que, tratándose de una responsabilidad subjetiva de carácter contractual, la carga de la prueba de la falta de diligencia en la prestación profesional, del nexo de causalidad con el daño producido, y de la existencia y del alcance de éste corresponde a la parte que demanda la indemnización por incumplimiento contractual (SSTS de 14 de julio de 2005, RC n.º 971/1999, 21 de junio de 2007, RC n.º 4486/2000 ).
  • Es preciso, en segundo término, que haya existido un perjuicio efectivo. Cuando el daño por el que se exige responsabilidad civil consiste en la frustración de una acción judicial, el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico, cosa que implica, para valorar la procedencia de la acción de responsabilidad, el deber de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción frustrada (pues puede concurrir un daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades: SSTS de 26 de enero de 1999, 8 de febrero de 2000, 8 de abril de 2003 y 30 de mayo de 2006 ). El daño por pérdida de oportunidades es hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando no hay una razonable certidumbre de la probabilidad del resultado. La responsabilidad por pérdida de oportunidades exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea para realizarlas (STS de 27 de julio de 2006). Este criterio impone examinar si, como consecuencia del incumplimiento de las reglas del oficio, que debe resultar probada, se ha producido --siempre que no concurran elementos ajenos suficientes para desvirtuar su influencia en el resultado dañoso, como la dejadez de la parte, la dificultad objetiva de la posición defendida, la intervención de terceros o la falta de acierto no susceptible de ser corregida por medios procesales de la actuación judicial-- una disminución notable y cierta de las posibilidades de defensa de la parte suficiente para ser configurada como un daño que debe ser resarcido en el marco de la responsabilidad contractual que consagra el artículo 1101 CC (STS 23 de julio de 2008, RC n.º 98/2002 ).
  • En tercer término, es menester que exista un nexo de causalidad entre el  incumplimiento de los deberes profesionales y el daño producido, y que éste sea imputable objetivamente, con arreglo a los principios que pueden extraerse del ordenamiento jurídico, al profesional. El juicio de imputabilidad en que se funda la responsabilidad del Abogado o Procurador exige tener en cuenta que el deber de defensa no implica una obligación de resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no comporta, como regla general, la obligación de lograr una estimación o una resolución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta dependerá, entre otros factores, de haberse logrado la convicción del juzgador (SSTS de 14 de julio de 2005, 14 de diciembre de 2005, 30 de marzo de 2006, 30 de marzo de 2006, RC n.º 2001/1999, 26 de febrero de 2007, RC n.º 715/2000 , entre otras).

Imaginemos, pues, que un letrado interpone la demanda o recurso de su cliente fuera de plazo. En supuestos como este, ¿en qué consiste el daño? Pues bien, los daños que puede llegar a ocasionar la conducta negligente descrita son muy variados. En primer lugar, en determinadas circunstancias, un estudio de la pretensión que ha resultado frustrada por la negligencia del letrado puede arrojar la conclusión de que, de no ser por la actuación del abogado, esta habría prosperado: esto es, tras el estudio del caso, se puede llegar a afirmar que si el letrado hubiera sido diligente se habría obtenido una sentencia estimatoria con toda seguridad o con una probabilidad rayana en la certeza. En estos casos no habrá duda, pues, de que el letrado ha privado a su cliente de la pretensión misma. En tales circunstancias existirá un auténtico daño emergente ("la privación de la pretensión") y, en consecuencia, la indemnización de daños y perjuicios habrá de coincidir con el valor de la pretensión frustrada, en el caso de que esta tenga contenido económico. Tratándose, por el contrario, de una pretensión de carácter extra patrimonial (v. gr., reconocimiento de paternidad, acciones de separación y divorcio, etc.), la determinación de la indemnización derivada de la privación de la pretensión al cliente no resultará tan sencilla, suscitándose en este punto los mismos inconvenientes que plantea la determinación del quantum indemnizatorio del daño moral.

Como se ha dicho, si la pretensión perdida fuese de carácter patrimonial, la determinación del quantum indemnizatorio resultará fácil, pues la indemnización deberá coincidir con el valor cuantitativo de la pretensión. No obstante, en un principio, los tribunales españoles se mostraron un poco reacios a conceder como indemnización el valor económico de la   pretensión frustrada por culpa del abogado, aunque pudiera vaticinarse a priori o a posteriori la estimación indubitada de la misma. Sin embargo, sobre este extremo también puede observarse una evolución en la jurisprudencia del Alto Tribunal español, ya que, en sus sentencias más recientes, admite abiertamente que la cuantía de la indemnización puede llegar a coincidir con el valor económico de la pretensión reclamada y finalmente frustrada por la impericia del letrado.

Ahora bien, hay que reconocer que, por regla general, la privación de la pretensión no constituirá un daño automático en los casos de responsabilidad civil del Abogado o Procurador, debido a su carácter hipotético o eventual. Cuando, por ejemplo, el abogado formaliza la demanda o recurso fuera del plazo previsto legalmente, en  la mayoría de las ocasiones resultará imposible afirmar, sin lugar a dudas, el éxito de la acción no interpuesta o, lo que es lo mismo, la estimación de la pretensión judicial del cliente. Por tanto, normalmente, la privación de la pretensión será un daño que difícilmente pueda concurrir, ya que, para ello, el porcentaje de prosperabilidad de la pretensión fallida habrá de ser del cien por cien. Desde el momento en que disminuya tal porcentaje, no se puede entender que la conducta del letrado provoque la privación de la pretensión que tiene o cree tener el cliente. En tales casos, la deficiente actuación del abogado podrá originar, a lo sumo, la privación a los clientes de unas expectativas o esperanzas procesales; esto es, en la mayoría de las ocasiones de lo que realmente se priva a la víctima es de la oportunidad de conseguir una sentencia estimatoria y no de la sentencia estimatoria como tal.

Pues bien, este perjuicio ha sido calificado por la doctrina con el galicismo "pérdida de una chance", categoría general de daños en la que se incluyen todos aquellos casos en los que el agente dañante, con su actuación u omisión, ha interrumpido un proceso con el que la víctima tenía probabilidades de conseguir una ganancia o evitar una pérdida, por encontrarse en la situación idónea para ello. Aunque la doctrina francesa ha propuesto diferentes ejemplos de pérdida de la chance, el ejemplo más significativo de pérdida de una chance lo constituye, sin lugar a dudas, la hipótesis de la que partimos en la presente exposición: un procurador o abogado encargado de interponer una demanda o recurso, deja transcurrir los plazos previstos por la ley para ello.

En los ejemplos anteriores, ya no podrá saberse si el Abogado o Procurador, de haber sido diligente, hubiera ganado o no el pleito. En ninguno de ellos puede afirmarse rotundamente que se habría alcanzado el resultado perseguido, aunque no cabe duda que el cliente se encontraba en la posición idónea para conseguirlo. Por ello, de lo que realmente se le priva al cliente es de las esperanzas; de la probabilidad de conseguir ese resultado favorable. Y privar de esa esperanza al sujeto implica un daño, aunque la valoración del mismo resulte, como luego se demostrará, sumamente complicada. Concretamente, el daño consiste en la pérdida de la oportunidad de conseguir un beneficio, no en la pérdida del beneficio como tal: en el caso que nos ocupa, en la pérdida definitiva de la posibilidad de que la pretensión sea estimada por los tribunales.

Ahora bien, para que el daño por pérdida de oportunidad procesal resulte indemnizable, será necesario que reúna ciertos requisitos que han sido apuntados y desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia españolas. Los requisitos que han de concurrir en la pérdida de la oportunidad procesal para que reúna certeza y, en consecuencia, resulte indemnizable son básicamente dos:

  • En primer lugar, que el resultado sea definitivo, esto es, que la situación no pueda ser solucionada a través de ulteriores actuaciones procesales. En otras palabras: si el cliente sigue contando con remedios procesales contra la sentencia desestimatoria, no se le podrá hacer responder al letrado por la pérdida de la oportunidad de que la pretensión fuese estimada por los órganos de la jurisdicción, puesto que el cliente seguirá contando con tal oportunidad.
  • En segundo término, se requiere que, antes de la defectuosa actuación u omisión del letrado, existiera alguna oportunidad de que la pretensión fallida fuera estimada, lo que no sucederá, evidentemente, cuando la acción o derecho hubiera prescrito antes de contratarse los servicios del letrado, pero tampoco cuando se trate de pretensiones totalmente infundadas o carentes de base jurídica.

Dejando a un lado el problema de la posible naturaleza patrimonial o moral del daño consistente en la pérdida de la oportunidad procesal –tema debatido hasta la saciedad por la doctrina española–, el interrogante más importante que plantea esta clase de daños es la determinación cuantitativa de su indemnización.

En otras palabras, ¿qué indemnización merece quien se ha visto privado de una expectativa procesal?, ¿qué criterios ha de tener en cuenta el juzgador, a la hora de calcular la indemnización correspondiente por este daño? Un parámetro importante para concretar la indemnización de la pérdida de la oportunidad es, fundamentalmente, el cálculo aproximado de las probabilidades de éxito o fracaso de la pretensión perdida. Ello significa que la indemnización deberá ser más o menos elevada en atención a la mayor o menor probabilidad de éxito que tuviera la demanda o el recurso intempestivo. Sin embargo, el cálculo del porcentaje de probabilidad dista mucho de ser una cuestión sencilla. Por ello, la doctrina sugiere dos procedimientos diferentes para efectuar tal cálculo.

  • En primer lugar, se señala el procedimiento estadístico; esto es, analizar el porcentaje de éxito de las reclamaciones de naturaleza análoga a la frustrada por el letrado. Cuanto mayor sea el porcentaje de éxito de estas reclamaciones, mayor deberá ser la reparación. Ahora bien, aunque esta técnica de valoración aporta certeza y seguridad jurídica, las limitaciones   derivadas de este procedimiento son evidentes, pues resulta sumamente complicado encontrar supuestos de hechos idénticos y cualquier variación de los hechos entre dos casos, por mínima que sea, puede dar lugar a resultados jurídicos distintos.
  • Por ello, ante los inconvenientes que plantea el procedimiento estadístico, el segundo criterio utilizado por la doctrina para concretar la indemnización por pérdida de oportunidad procesal es el denominado "juicio dentro del juicio". Este método consiste en un juicio imaginario a través del cual el juez que examina la responsabilidad del letrado determina hipotéticamente cuál habría sido el desenlace del asunto si la demanda o recurso se hubiese interpuesto a tiempo.

La principal ventaja que proporciona el denominado "juicio dentro del juicio" es que se trata de un método objetivo para cuantificar el daño en estos casos y, en consecuencia, evita cálculos arbitrarios del mismo.

Sin embargo,  a pesar de las ventajas que proporciona, este método ha recibido diferentes críticas.

  • Entre otros reproches, se afirma que "no son parte quienes habrían sido demandados en aquel juicio ante la jurisdicción (...), demandados que podrían oponer una serie de defensas o excepciones". Por ello, se dice que el "juicio dentro del juicio" solo aporta una "revisión distorsionada por falta de alegaciones de las partes y de contradicción entre estas" (STS de 26 enero 1999). Sin embargo, esta crítica ha de matizarse, puesto que, aun sin desconocer este inconveniente, no se comprende por qué el mismo ha de favorecer precisamente al profesional negligente que ha provocado esa situación.
  • Más cuestionable aún resulta la crítica que acusa a este método de provocar cierta vulneración de la cosa juzgada. Según el principio de cosa juzgada, una sentencia firme es irrevocable e inmutable, por lo que no cabe que otro tribunal vuelva a conocer sobre aquello que fue objeto de la misma. A pesar de que tal vulneración ha sido apuntada por alguna sentencia del   Tribunal Supremo español, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la utilización del citado método no provoca la vulneración de este principio pues, tras la realización de este juicio imaginario, no se modifica la situación jurídica declarada en la sentencia firme; de hecho, lo único que persigue el proceso de responsabilidad civil es reparar al cliente perjudicado por la negligencia del letrado, pero su pretensión frustrada o no incoada continuará en la misma situación. Esta circunstancia es precisamente la que justifica que el cliente reciba una indemnización en estos casos.

Además de calcular las probabilidades de éxito de la pretensión frustrada (a través de cualquiera de los dos métodos expuestos: el estadístico y el denominado "juicio dentro del juicio"), la concreta determinación del quantum indemnizatorio de la oportunidad procesal perdida, exigirá realizar una operación adicional: aplicar el porcentaje de probabilidad o prosperabilidad hallado a la cantidad solicitada en el proceso no incoado o frustrado por la negligencia del Abogado o Procurador. Ahora bien, aunque la utilización conjunta de estos dos criterios proporciona una fórmula objetiva para calcular la indemnización, la aplicación de tal fórmula no está exenta de dificultades en el ámbito del Derecho, donde el cálculo de porcentajes de prosperabilidad, de poder realizarse, será en muchos casos aproximado. Por otra parte, pese a que los parámetros anteriores facilitan, sin lugar a dudas, la cuantificación económica de la pérdida de la oportunidad, en ocasiones no resultarán eficaces, como sucede con las pretensiones extra patrimoniales. En estos casos, pues, el cálculo de la indemnización deberá efectuarse en términos semejantes a la cuantificación del daño moral.

La negligencia profesional en el cumplimiento de los servicios de Abogado o Procurador se vincula, casi siempre, a la privación de derechos o expectativas procesales, a la infracción del derecho a los recursos o a la tutela judicial efectiva (SsTS de 20 de mayo de 1.996, 29 de mayo de 2.003, 26 de enero de 1.999, 8 de febrero de 2.000 y 8 de abril de 2.003 ).

Una vez acreditada una negligencia, la fijación de los daños y perjuicios se reconduce, normalmente, a la fijación del daño moral y no a la valoración del hipotético daño sufrido (SsTs de 28 de abril de 2.005 y 14 de julio de 2.005 ). En el daño moral se integran, con naturalidad, los criterios referidos a la posibilidad de éxito o de la "pérdida de oportunidad" de la actuación letrada fallida (STS de 8 de abril de 2.003 ). Es decir, la reparación del daño moral se produce acudiendo a la pérdida de oportunidad que se ha ocasionado por impericia o falta de diligencia del Abogado o Procurador cuyos servicios profesionales se han solicitado (SsTs de 29 de mayo de 2.003, 9 de julio de 2.004 y 28 de enero de 2.005 ) y no acudiendo a los supuestos derechos o beneficios dejados de obtener. Ello significa que la indemnización se debe fijar en contemplación de las probabilidades de éxito del trámite perdido (así, STS de 29 de mayo de 2.003, sobre caducidad de la formalización de recurso de casación laboral y 12 de diciembre de 2003, o 8 de julio de 2003 , que consideró "nulas" las posibilidades de prosperabilidad del recurso y, por tanto, denegó la reclamación por daño moral), sin que sea preciso un juicio exacto sobre las posibilidades de que el recurso triunfe (STS 29 de mayo de 2003 ), porque ello supondría llevar a cabo meras conjeturas.

Criterios cercanos al daño real sólo se recogen por la doctrina jurisprudencial cuando la negligencia ha supuesto la pérdida de un derecho cierto ya reconocido (así, la no indicación al cliente del plazo establecido en sentencia firme, para evitar la resolución de una venta y la pérdida de un inmueble, STS de 18 de febrero de 2.005 ) o el devengo de unos gastos claramente determinados (así, los gastos y costas judiciales SsTs de 11 de noviembre de 1.997 y 25 de junio de 1.998 ); las costas de un recurso fuera de plazo, las de una demanda de acción ya prescrita, o las de una demandada formulada ante órgano territorialmente incompetente (SsTs de 25 de junio de 1.998, 14 de febrero y 14 de julio de 2.003 ).

Raramente se concede el total de lo que se podría haber obtenido (STS 28 de enero de 1998 ).

Para terminar con el estudio de los daños derivados de la negligencia del profesional jurídico liberal, hay que diferenciar la pérdida de la oportunidad de otro daño ligado a la actividad procesal del letrado o causídico: la privación del derecho que ostenta cualquier ciudadano a que sus pretensiones sean conocidas por los tribunales. El mayor inconveniente que suscita este daño –además del recurrente problema de su naturaleza jurídica– vuelve a ser, de nuevo, la determinación de su cuantía, puesto que el derecho del que se ve privado el cliente no es susceptible de cuantificación económica. En mi opinión, el cálculo del quantum indemnizatorio por la privación de este derecho será mucho más dificultoso incluso que la determinación de la cifra en la que ha de ser indemnizada la pérdida de la oportunidad procesal, ya que no pueden ser aplicados en este caso los criterios que utilizan doctrina y jurisprudencia para calcular la indemnización de aquella, al tratarse de un derecho no susceptible de cuantificación económica.

Por ello, los daños específicos que derivan de la actividad procesal de estos profesionales del Derecho son, en primer lugar, la privación de la pretensión, cuando pueda pronosticarse, sin lugar a dudas, un porcentaje de prosperabilidad de la pretensión frustrada del cien por cien; en segundo término, la pérdida de la oportunidad procesal, cuando la oportunidad procesal perdida fuera seria y fundada, pero con un porcentaje de prosperabilidad por debajo de esa cantidad y, en tercer y último lugar, la privación del derecho a los recursos.


 1.-        Noticia del Diario de Cádiz.

2.-    Sentencia de la AP de Cádiz por negligencia profesional de abogado.

 

3.-    Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1987

4.-    Sentencia de la AP ce Cádiz de 23 de diciembre de 1999.

 

5.-     Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1998.

         Sentencia del Tribunal Supermo (Sala de lo Social) de familiares de fallecidos contra Astilleros

        Sentencia de la AP de Cádiz de familiares de fallecidos contra Astilleros.

 

        Artículo en pdf.

 


Publicado por PEPE-EL-ZIZANIA @ 20:02
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