Mi?rcoles, 10 de noviembre de 2010

Sumario:

1. Introducci?n. 2. Las fuentes de las obligaciones legales y contractuales del Abogado. 3. Requisitos de la responsabilidad civil de los abogados. 4. Naturaleza contractual de la responsabilidad profesional del abogado. 5. Naturaleza jur?dica de la relaci?n con el cliente. Contrato de servicios, de obra o de mandato.

1. INTRODUCCI?N

En los ?ltimos tiempos se viene advirtiendo una cierta proliferaci?n de demandas contra Abogados en reclamaci?n de da?os derivados de una pr?ctica profesional negligentemente desplegada, normalmente, en actuaciones judiciales, aunque la responsabilidad de estos profesionales se extiende tambi?n a su actividad extrajudicial.

Como en su momento ocurri? con los profesionales de la medicina, la construcci?n o la prensa, lo que hasta no hace mucho era una t?mida tendencia hacia la obtenci?n de una reparaci?n de da?os por casos de negligencia particularmente grave y notoria, se va transformando en una corriente cada? vez m?s acusada hacia la responsabilidad del profesional poco cuidadoso por los da?os derivados de una direcci?n letrada negligente en un determinado asunto. ?

A?n no estamos ante una responsabilidad totalmente objetiva, sobre todo en lo que respecta a las actuaciones procesales, por cuanto, al intervenir terceros en la relaci?n jur?dica procesal (Juzgador, contrapartes, testigos, etc.), es preciso ganarse la convicci?n del Juzgador, por lo que la resoluci?n de la pretensi?n no depende ?nicamente de la actividad desplegada por las partes.

Al contrario de lo que sucede con la responsabilidad profesional de los m?dicos en el sector privado, a?n no se aplica, por tanto, la responsabilidad meramente objetiva prevista en el art?culo 147 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU).

Lo mismo sucede con otros profesionales del Derecho, como los Jueces, Fiscales, Procuradores, Notarios, Registradores de la Propiedad...? Ning?n profesional es ya ?intocable?.? Del respeto reverencial hemos pasado a la conciencia del usuario de su derecho a ser resarcido de los da?os y perjuicios que le irroge un comportamiento negligente de un profesional. Se ha abierto, por tanto, la veda de la caza del Abogado negligente que, hace unos a?os, campaba por el proceso a sus anchas alegre e inmunemente.

El presente art?culo tiene por objeto el de dar cuenta del tratamiento de la responsabilidad en el orden jurisdiccional civil de los Abogados frente a sus clientes, con particular atenci?n a los elementos que lo diferencian del r?gimen general de la responsabilidad, como la naturaleza de esa responsabilidad, sus requisitos, su alcance en relaci?n con otros profesionales (singularmente los procuradores de los Tribunales), la diligencia debida, la cuantificaci?n del perjuicio y del resarcimiento, la aplicaci?n de la doctrina de la p?rdida de la oportunidad, las especialidades procesales respecto a la pericial y los casos m?s frecuentes de reclamaci?n de da?os.

En cuanto a la naturaleza jur?dica de la relaci?n del Abogado con su cliente, cabe calificarla, normalmente, como de contrato de prestaci?n de servicios, y, como tal, como hemos dicho antes, cae dentro del ?mbito de aplicaci?n del art?culo 147 del TRLGDCU, particularmente en lo relativo al r?gimen de responsabilidad (Libro III).

Aunque, por sorprendente que parezca, ese particular r?gimen de responsabilidad del TRLGDCU ha servido a nuestro Tribunal Supremo para objetivar la responsabilidad de los servicios m?dicos privados, pues esta Ley estatuye, con car?cter general, una responsabilidad de naturaleza objetiva. Algo que, al menos hasta ahora, todav?a no ha llegado a los Abogados, aunque las mismas razones que las esgrimidas para hacer objetivamente responsables a los m?dicos avalan su aplicaci?n al colectivo de letrados (y, en general, a todos los prestadores de servicios).

Sea como fuere, lo cierto es que el Tribunal Supremo, respecto a la responsabilidad profesional de los Abogados, nunca se ha llegado a aplicar esta normativa.

Trat?ndose, normalmente, de una obligaci?n de medios, al profesional s?lo se le puede exigir un comportamiento, no un resultado (salvo que el encargo encomendado sea de obra), y el incumplimiento de su obligaci?n se producir?, no por la insatisfacci?n del cliente en cuanto al resultado obtenido, sino por el desarrollo de la actividad sin la diligencia requerida por la ?lex artis?.

En definitiva, fuera de las reglas que sobre responsabilidad contiene el Libro III del TRLGDCU, para el caso de que la v?ctima sea un consumidor o usuario en el sentido del art. 3 de la propia ley, no existe un r?gimen jur?dico unitario que permita tratar el problema de la responsabilidad por servicios como un problema que permita soluciones homog?neas.

En cuanto a su tratamiento jurisprudencial, como queda dicho, curiosamente la responsabilidad civil del Abogado (como la de buena parte de la de los Profesionales liberales) es relativamente joven. De la consulta de la jurisprudencia de la Sala 1? del Tribunal Supremo, la primera que aborda la cuesti?n es la STS de 4 abril 1987 (Id. Cendoj. 28079110011987100842)[1].

2. LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES DEL ABOGADO.

La relaci?n que une al Abogado con su cliente puede ser de muy variada condici?n, atendiendo al objeto de la obligaci?n de aqu?l. En el ejercicio libre de la profesi?n, normalmente se concibe como un contrato de prestaci?n de servicios, que en ocasiones se aproxima al contrato de mandato, sustentado en la buena fe y, sobre todo, en una relaci?n de confianza entre Abogado y cliente.

Pero debe calificarse como contrato de obra cuando la prestaci?n del Abogado consista en la realizaci?n de un trabajo cuya conclusi?n depende de su exclusiva voluntad, tal como la redacci?n de informes, contratos o determinados documentos, etc.

Con todo, no est? clara la l?nea divisoria de los diferentes trabajos que pueden desempe?ar estos profesionales. En consecuencia, y en lo que ahora interesa destacar, para determinar el r?gimen de las obligaciones del Abogado y, en concreto, el canon de diligencia que le es exigible, ha de acudirse al C?digo Civil; concretamente a las normas sobre contrato de arrendamiento de servicios (arts.1583 ss.), sobre contrato de mandato (arts. 1542 ss.), o, en su caso, sobre contrato de obra (arts. 1588 ss. CC).

En cuanto al r?gimen de responsabilidad, debe buscarse en el propio de la espec?fica modalidad contractual de que se trate, en el general de las obligaciones contractuales (arts. 1101 ss. CC), y en el recogido en los arts. 128 y siguientes.

No obstante, tanto el r?gimen de responsabilidad del Abogado como el canon de diligencia que le es exigible encuentran una formulaci?n m?s espec?fica en las normas que regulan la profesi?n, si bien tienen un rango meramente reglamentario o, en el caso de estatutos deontol?gicos colegiales, carecen de alcance normativo alguno:

  1. El Estatuto General de la Abogac?a Espa?ola (Real Decreto 658/2001, de 22 junio) (EGAE). De ?l deben destacarse los arts. 42 (relaci?n con las partes) y 78 y 79 sobre la responsabilidad civil de los abogados, sobre los que luego volveremos. A la vista del rango reglamentario del EGAE, cabe preguntarse si es posible? invocar en el recurso de casaci?n infracci?n de los art?culos contenidos en ?l. La jurisprudencia ha respondido afirmativamente, sobre la base del soporte que les proporciona las normas que regulan el contrato de arrendamiento de servicios. As? lo ha declarado la STS de 4 febrero 1992 (Id. Cendoj. 8079110011992102577) [2], en un caso en el que en el recurso de casaci?n se denunci? la infracci?n de las normas del ordenamiento jur?dico contenidas en los ya derogados arts. 53, 54 y 102 del Real Decreto 2090/1982, de 24 julio, del Estatuto General de la Abogac?a.
  2. El C?digo Deontol?gico de la Abogac?a, fundamentalmente el art?culo 13, sobre ?Relaciones con los clientes?. De aqu? han de destacarse los n?meros? 8 a 10.? Si bien ha de destacarse que carecen del car?cter normativo, por cuanto las corporaciones profesionales no tienen otorgada potestad reglamentaria.
  3. El C?digo de Deontolog?a de los Abogados de la Comunidad Europea (adoptado por unanimidad por los representantes de los Colegios de Abogados de la CEE, en la sesi?n plenaria del CCBE celebrada en Estrasburgo, el 28 octubre 19884), que igualmente carece de valor normativo alguno.
  4. Sobre la responsabilidad civil de los despachos colectivos, debe tenerse presente la reciente Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales (BOE del 16 de marzo), particularmente lo dispuesto en su art. 11 sobre responsabilidad patrimonial de la sociedad profesional y de los profesionales5. De este art?culo cabe destacar lo dispuesto en su n?m. 2. Despu?s de proclamarse en el n?m. 1 la responsabilidad de la sociedad por las deudas sociales, el n?m. 2 a?ade lo siguiente: ?No obstante, de las deudas sociales que se deriven de los actos profesionales propiamente dichos responder?n solidariamente la sociedad y los profesionales, socios o no, que hayan actuado, si?ndoles de aplicaci?n las reglas generales sobre la responsabilidad contractual o extracontractual que correspondan?.

Se est? con ello aplicando el r?gimen general de la responsabilidad por negligencia profesional, se hace responsables solidarios a todos los profesionales que hayan intervenido en un asunto, con independencia de su grado de participaci?n en el mismo y de la naturaleza de su vinculaci?n con la sociedad profesional.

Los Estatutos de los diversos Colegios de Abogados carecen de valor normativo, aunque pueden servir de interpretaci?n para establecer la diligencia profesional y los deberes profesionales.

Los art?culos 8, 9, 53, 54, 56 y 102 al 106 del Estatuto General de la Abogac?a regulan que:

  1. ?La abogac?a es una profesi?n libre e independiente e instituci?n consagrada, en orden a la Justicia, al consejo, a la concordia y a la defensa de derechos e intereses p?blicos y privados, mediante la aplicaci?n de la ciencia y t?cnica jur?dicas...?;
  2. ?Corresponde a la abogac?a de forma exclusiva y excluyente la protecci?n de todos los intereses que sean susceptibles de defensa jur?dica...?;
  3. ?Son obligaciones del abogado para con la parte por ?l defendida, adem?s de las que se deriven de la relaci?n contractual que entre ellos existe, la del cumplimiento, con el m?ximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional, de la misi?n de defensa que le sea encomendada. En el desempe?o de esta funci?n se atendr? el abogado a las exigencias t?cnicas, deontol?gicas y morales adecuadas a la tutela jur?dica de cada asunto?;
  4. ?El abogado realizar? diligentemente las actividades que le imponga la defensa del asunto confiado. Podr? auxiliarse en la pr?ctica de tales actividades de sus colaboradores u otros compa?eros?;
  5. ?Son obligaciones del abogado para con la parte contraria, la abstenci?n de cualquier acto u omisi?n que determine una lesi?n injusta y el trato considerado y cort?s en cada caso?;
  6. ?Los abogados en su ejercicio profesional est?n sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia da?en los intereses cuya defensa les ha sido confiada?;
  7. ?La responsabilidad civil a que se refiere el art?culo anterior, cuando no vaya unida a la criminal que sea objeto de acci?n interpuesta por el Ministerio Fiscal o por querellante particular, s?lo podr? ser reclamada por el perjudicado o por quienes le sucedan o sustituyan, seg?n las normas generales del Derecho privado?;
  8. ?La reclamaci?n de la responsabilidad civil se ajustar? a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo el caso de que se exija en uni?n de la penal por raz?n de delito o falta?;
  9. ?La responsabilidad civil consistir? en la indemnizaci?n, a cargo del abogado, de los da?os y perjuicios causados?;
  10. ?El abogado que reciba el encargo de promover actuaciones de cualquier clase contra otro sobre responsabilidades relacionadas con el ejercicio profesional, deber? acudir previamente al Decano del Colegio por si el mismo considera oportuno realizar una labor de mediaci?n?.

3. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ABOGADOS.

Los requisitos de la responsabilidad civil de los Profesionales del Derecho pueden sintetizarse en?cuatro elementos esenciales:

  1. La responsabilidad civil profesional del Abogado exige, en primer t?rmino, el incumplimiento de sus deberes profesionales. En el caso de la defensa judicial estos deberes se ci?en al respeto de la ?lex artis? [reglas del oficio], esto es, de las reglas t?cnicas de la abogac?a com?nmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso.
  2. Es preciso, en segundo t?rmino, que haya existido un perjuicio efectivo. Cuando el da?o por el que se exige responsabilidad civil consiste en la frustraci?n de una acci?n judicial, el car?cter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el da?o deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acci?n frustrada tiene como finalidad la obtenci?n de una ventaja de contenido econ?mico, cosa que implica, para valorar la procedencia de la acci?n de responsabilidad, el deber de urdir un c?lculo prospectivo de oportunidades de buen ?xito de la acci?n frustrada, pues puede concurrir un da?o patrimonial incierto por p?rdida de oportunidades: SsTS de 26 de enero de 1999 (Id. Cendoj. 28079110011999101437)[3], 8 de febrero de 2000 (Id. Cendoj. 28079110012000101736)[4], 8 de abril de 2003 (Id. Cendoj. 28079110012003101757)[5] y 28 de febrero del 2008 (Id. Cendoj. 28079110012008100609)[6]. El da?o por p?rdida de oportunidades es hipot?tico y no puede dar lugar a indemnizaci?n cuando no hay una razonable certidumbre de la probabilidad del resultado. La responsabilidad por p?rdida de oportunidades exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situaci?n f?ctica o jur?dica id?nea para realizarlas (STS de 27 de julio de 2006, Id. Cendoj. 28079110012006100955)[7]. Este criterio impone examinar si, como consecuencia del incumplimiento de las reglas del oficio, que debe resultar probada, se ha producido --siempre que no concurran elementos ajenos suficientes para desvirtuar su influencia en el resultado da?oso, como la dejadez de la parte, la dificultad objetiva de la posici?n defendida, la intervenci?n de terceros o la falta de acierto no susceptible de ser corregida por medios procesales de la actuaci?n judicial-- una disminuci?n notable y cierta de las posibilidades de defensa de la parte suficiente para ser configurada como un da?o que debe ser resarcido en el marco de la responsabilidad contractual que consagra el art?culo 1101 CC (STS 23 de julio de 2008, ?Id. Cendoj. 28079110012008100706)[8].
  3. En tercer t?rmino, es menester que exista un nexo de causalidad entre el ?incumplimiento de los deberes profesionales y el da?o producido.
  4. Y, por ?ltimo, ?que el da?o sea imputable objetivamente, con arreglo a los principios que pueden extraerse del ordenamiento jur?dico, al profesional. El juicio de imputabilidad en que se funda la responsabilidad del Abogado o Procurador exige tener en cuenta que el deber de defensa no implica una obligaci?n de resultado, sino una obligaci?n de medios, en el sentido de que no comporta, como regla general, la obligaci?n de lograr una estimaci?n o una resoluci?n favorable a las pretensiones deducidas o a la oposici?n formulada contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta depender?, entre otros factores, de haberse logrado la convicci?n del juzgador (SSTS de 30 de marzo de 2006 Id. Cendoj. 28079110012006100352,[9] 26 de febrero de 2007, Id. Cendoj. 28079110012007100240,[10] ?STS 23 de julio de 2008, cit. entre otras).

4. NATURALEZA CONTRACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO.

Parece claro que la relaci?n que media entre un Abogado y su cliente es de naturaleza contractual, no obstante la STS de 14 mayo 1999 [Id. Cendoj. 28079110011999102121][11], alude a la conducta negligente ex art. 1902 CC -FD 5?- habida cuenta que estos preceptos son de aplicaci?n a la culpa contractual en todo aquello que no sea incompatible. La principal consecuencia que de ello se deriva es que el plazo de prescripci?n de la acci?n de reclamaci?n de da?os del cliente es de 15 a?os (art. 1964 CC), y no de un a?o (art. 1968.2? CC) (SSTS de 8 febrero 2000 [Id. Cendoj. ?28079110012000101736][12] y 17 noviembre 1995 [Id. Cendoj. 28079110011995102291][13]).

No obstante, en alguna ocasi?n el cliente encauz? su pretensi?n por la v?a extracontractual, y en la instancia se resolvi? sobre la base de que las relaciones entre las partes son de naturaleza contractual, estim?ndose la demanda al considerarse no prescrita la acci?n.

Es el caso conocido por la STS de 16 diciembre 1996 (Id. Cendoj. 28079110011996101519)[14], que confirm? la sentencia de la Audiencia aplicando la conocida doctrina de la yuxtaposici?n de responsabilidades y el principio ?iura novit curia?.

Cualquiera que sea la ?ptica donde se contemple esta responsabilidad, es la contra?da por el profesional cuando al desplegar su oficio incurre en un il?cito, esto es, contraviene, por las causas que sean, su prestaci?n o actividad previamente demandada por quien ha concertado sus servicios.

En definitiva, se trata de la responsabilidad por el ejercicio de su hacer de quien ha sido por su profesi?n requerido por otra persona, mediante la concertaci?n de un negocio jur?dico de corte locaticio, en t?rminos generales; todo lo cual reconduce a que siempre en la actuaci?n del responsable preexiste esa conexi?n con el destinatario de su conducta profesional, lo que responde a la propia naturaleza de las cosas, y con independencia de que, en t?rminos amplios, se puede incurrir en responsabilidad civil por cualquier persona cuando por su conducta o por sus hechos se transgrede una norma de general convivencia, ?nsita en el ?naeminen laedere? y subsumir dicha conducta en los predicados aquilianos del art. 1902 del C?digo Civil , ya que por ese il?cito se perjudica a una persona (la mayor parte de las veces desconocida por el autor del mismo), a consecuencia de haber padecido la erosi?n, el menoscabo, o el da?o tras dicha conducta il?cita.

Ello tan as? no es predicable, en caso alguno, cuando se trata de los presupuestos integradores de la responsabilidad civil profesional, porque no cabe entender que la persona que asume esa categor?a de profesional (bien porque sea un abogado, arquitecto, o un ingeniero, o m?dico, o perito judicial), y sin que preceda esa conexi?n con quien luego resulta perjudicado, pueda, sin esa previa conexi?n o nexo, desplegar su obrar?? infringiendo la normativa correspondiente e incurriendo en el il?cito en cuesti?n.

Se dice que ello no es posible porque toda actividad profesional se ejercita, precisa y exclusivamente, mediante la previa demanda de quien considera ?tiles los servicios del que ha de actuar como tal, en raz?n ?nica a la ejecuci?n por la persona en particular requerida de su profesi?n o la dotaci?n de los conocimientos espec?ficos concretos demandados, variante pues de la gama de prestaciones trabadas por causa al ?intuitu personae?.

En resumen, en la realidad de los hechos no cabe imaginar que, por lo general, quien por su estamento o titulaci?n, o por sus conocimientos espec?ficos, o por su propia pericia, pueda, espont?neamente, actuar sin ser antes requerido al efecto, e incurrir en su conducta en un il?cito causante de su responsabilidad, lo cual no obsta para que, en casos excepcionales, deba hasta atisbarse un comportamiento profesional sin ese requerimiento previo o sin esa conexi?n negocial.

En definitiva, parece que no existe duda en el anclaje mayoritario de todas las vicisitudes de este tipo de responsabilidad civil dentro de la especie de contractual, esto es, aquella que late o se gesta cuando, tras el negocio que rodea la relaci?n entre el ejecutor y el destinatario, por parte del ejecutor precisamente por la profesi?n que ostenta, se ha conexionado con el usuario o el destinatario, de tal suerte que, al cumplir la prestaci?n requerida concertada, incurre en cualquiera de las conductas contraventoras de la regulaci?n de dicha prestaci?n, en cuyo caso, el juego de los art?culos 1101 y siguientes del C?digo Civil , es inconcuso.

Una Sentencia de la Sala 1? del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 2001? (Id. Cendoj. 28079110012001101935)[15] ense?a que la calificaci?n jur?dica de la relaci?n contractual entre Abogado y cliente es, salvo muy concretas excepciones, de contrato de prestaci?n de servicios, definido en el art. 1.544 del C?digo Civil; esta prestaci?n, como relaci?n personal ?intuitu personae? incluye el deber de cumplirlos y el de fidelidad, derivado de la norma general del art. 1.258 del C?digo Civil, y que imponen al profesional el deber de ejecuci?n ?ptima del servicio contratado.

Pues bien; admitida la naturaleza de contractual de la relaci?n entre abogado y cliente es necesario rese?ar la legislaci?n aplicable al caso y en este punto el C?digo Civil precept?a:

Los art?culos 1.101 al 1.109 todos del citado Texto Legal disponen que, quedan sujetos a la indemnizaci?n de da?os y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier formas contravinieren al tenor de las mismas , - se trata de los mismos requisitos que la jurisprudencia y la doctrina exigen para subsistente la responsabilidad por da?os y perjuicios derivados de infracci?n de contrato; asi la imputabilidad del agente; una conducta culposa o imperita,; un da?o sobrevenido y una relaci?n causal entre la conducta negligente del demandado los da?os y los perjuicios sufridos.

La doctrina legal interpretadora del art. 1.101 del C?digo Civil exige para que el cumplimiento contractual derive la obligaci?n de indemnizar perjuicios a cargo del incumplidor, para aqu?l a cuyo favor estuviese establecido el v?nculo: obligaci?n constituida, incumplimiento por el por el obligado y consiguiente causaci?n efectiva de perjuicios derivados precisamente de ese incumplimiento en relaci?n causa - efecto.

La reparaci?n indemnizatoria que deriva de la observancia del art?culo 1.101 del C?digo Civil, viene condicionada a una doble contingencia... ...la probanza de los da?os y perjuicios, cuya existencia y prueba es cuesti?n de hecho, y la atribuci?n de su comisi?n a un quehacer doloso, negligente o moroso, es decir, a una conducta culposa entendida en sentido amplio.

La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones; que la responsabilidad que proceda de negligencia es exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; que la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisi?n de la diligencia que exija la naturaleza de la obligaci?n y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar; fuera de los casos expresamente mencionados en la Ley, y de los en que as? lo declare la obligaci?n, nadie responder? de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o, que, previstos, fueran inevitables; la indemnizaci?n de da?os y perjuicios comprende, no s?lo el valor de la p?rdida que hayan sufrido, sino tambi?n el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor; los da?os y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligaci?n y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento; en caso de dolo responder? el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligaci?n; si la obligaci?n consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnizaci?n de da?os y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistir? en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, el inter?s legal; los intereses vencidos devengan el inter?s legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligaci?n haya guardado silencio sobre este punto.

Ya dentro del campo contractual, la relaci?n entre Abogado y cliente, se configura como un arrendamiento de servicios (art. 1.542 y siguientes del CC), constituyendo una obligaci?n no de resultados sino de medios, estando obligado a poner a disposici?n del cliente sus conocimientos jur?dicos pero sin garantizar un resultado concreto.

En el encargo al abogado por su cliente, es obvio que se est? en presencia de un arrendamiento de servicios o ?contrato de servicios?, en la idea de que una persona se obliga a prestar unos determinados servicios, esto es, el desempe?o de la actividad profesional a quien acude al mismo acuciado por la necesidad o problema solicitando la asistencia consistente en la correspondiente defensa judicial o extrajudicial de los intereses confiados; el abogado, pues, comparte una obligaci?n de medios, oblig?ndose exclusivamente a desplegar sus actividades con la debida diligencia y acorde con su ?lex artis?, sin que por lo tanto garantice o se comprometa al resultado de la misma el ?xito de la pretensi?n; y en cuanto los deberes que comprende esa obligaci?n, habida cuenta la espec?fica profesi?n del abogado, no es posible efectuar de antemano un elenco cerrado de deberes u obligaciones que incumben al profesional en el desempe?o de su funci?n, por cuanto se pod?a, por un lado, pensar que tales deberes en una versi?n sint?tica se reducen a la ejecuci?n de esa prestaci?n, de tal suerte que se enderece la misma al designio o la finalidad pretendida, en el bien entendido como abundante jurisprudencia sostiene al respecto, que esa prestaci?n no es una prestaci?n de resultados sino de medios, de tal suerte que el profesional se obliga efectivamente a desempe?arla bien, con esa finalidad, sin que se comprometa ni garantice el resultado correspondiente.

Tambi?n en otra versi?n pod?an desmenuzarse todos aquellos deberes o comportamientos que integran esa prestaci?n o en las respectivas conductas a que pueda dar lugar o motivar el ejercicio de esa prestaci?n medial en pos a la cual, se afirma la responsabilidad; ?ad exemplum?: informar de ?pros y contras?, riesgo del asunto o conveniencia o no del acceso judicial, costos, gravedad de la situaci?n, probabilidad de ?xito o fracaso, lealtad y honestidad en el desempe?o del encargo, respeto y observancia escrupulosa en leyes procesales, y c?mo no aplicaci?n al problema de los indispensables conocimientos de la ley y del Derecho; por tanto, y ya en sede de su responsabilidad, todo lo que suponga un apartamiento de las circunstancias que integran esa obligaci?n o infracci?n de esos deberes, y partiendo de que se est? en la esfera de una responsabilidad subjetiva de corte contractual, en donde no opera la inversi?n de la carga de la prueba, ser? preciso, pues, como un plus en ese juicio de reproche, acreditar la culpabilidad, siempre y cuando quepa imput?rsela personalmente al abogado interviniente (sin que se dude que, a tenor del principio general del art. 1214 en relaci?n con el art. 1183 del C?digo Civil a sensu excluyente dentro de esta responsabilidad contractual, ser? el actor o reclamante del da?o, esto es, el cliente, el que deba probar los presupuestos de la responsabilidad del abogado el cual, ab initio, goza de la presunci?n de diligencia en su actuaci?n profesional) sin que, por ello, deba responderse por las actuaciones de cualquier otro profesional que coadyuve o coopere a la intervenci?n.

Es el encargo que se realiza por su cliente al abogado en consideraci?n a su pericia, a su? profesi?n, a su aptitud laboral cualificada, en virtud de lo cual se compromete a realizar un hacer mediante una contraprestaci?n. La naturaleza jur?dica de este encargo puede ser o una ?locatio operarum? o m?s bien?una ?locatio operis?; lo que caracteriza este tipo de negocio es que por este encargo se ubica la responsabilidad civil profesional dentro del marco de la responsabilidad contractual.

Pues bien: el contrato de prestaci?n de servicios es definido en el art?culo 1544 del C?digo Civil conjuntamente con el de obra, a los que llama de " arrendamiento ", como contrato por el que una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio por precio cierto; est? paup?rrimamente contemplado en los art?culos 1583 a 1587 , la mayor?a de ellos derogados t?citamente, por lo que se regula por lo pactado y por lo previsto reglamentariamente, como es, en el caso del contrato celebrado con abogado, el Estatuto General de la Abogac?a. Efectivamente, el objeto de este contrato es la prestaci?n de servicios y ?stos pueden ser predominantemente intelectuales o manuales, pudiendo ser uno de ellos los propios de las profesiones liberales, como la de abogado: as?, sentencias de 6 de octubre de 1989 (Id. Cendoj. 28079110011989100938)[16] y 23 de octubre de 1992 (Id. Cendoj. 28079110011992103141)[17].

?

5. NATURALEZA JUR?DICA DE LA RELACI?N CON EL CLIENTE. CONTRATO DE SERVICIOS, DE OBRA O DE MANDATO.

Ya hemos dicho que, dependiendo de la tarea que se encomiende al abogado, la relaci?n que le une con su cliente podr? calificarse como contrato de arrendamiento de servicios, contrato de obra o, incluso, contrato de mandato.

En cuanto a la jurisprudencia, por regla general concibe la relaci?n del abogado con su cliente como un contrato de servicios7, si bien lo cierto es que las m?s de las veces aborda la cuesti?n desde la perspectiva de la prestaci?n del abogado como director letrado en un determinado pleito, independientemente de la relaci?n contractual con su cliente.

Es desde esta perspectiva que se llega a la tradicional concepci?n de su obligaci?n como de medios y no como de resultado, de donde resulta el canon de diligencia exigible8.

Pero esto debe ser matizado. Existir? obligaci?n de medios (y no de resultados) en los casos en los que el resultado final pretendido por el cliente no dependa de forma exclusiva de la voluntad del Abogado, sino de un tercero (Juez, contraparte [v. la STS de 25 noviembre 1999 ?Id. Cendoj. 28079110011999101228][18], etc.).

Como dice la STS de 3 octubre 1998 (Id. Cendoj. 28079110011998101804)[19], el Abogado no puede ser responsable de un acto de tercero (el ?rgano judicial), que puede estar o no de acuerdo con la tesis y argumentaciones que hayan formulado en defensa de los intereses encomendados.

En estos casos, una vez aceptado el encargo, la obligaci?n del abogado consistir? en desplegar la actividad necesaria con la diligencia exigible dirigida a obtener el resultado pretendido por el cliente.

Por el contrario, habr? obligaci?n de resultados, cuando habiendo recibido y aceptado el encargo del cliente, la obtenci?n de aqu?llos dependa de forma exclusiva de la voluntad del Abogado. As? sucede cuando lo que debe hacer el Abogado es redactar informes, dict?menes, contratos, estatutos, etc. Como se?ala la citada STS de 3 octubre 1998 (cit.; FD 3?), se trata de un contrato de arrendamiento de servicios el que le vincula con su cliente, salvo que haya sido contratado para una obra determinada, como un informe o dictamen.

Tambi?n cabe hablar de obligaci?n de resultados en la realizaci?n de ciertos actos procesales: redacci?n de demanda, escritos, recursos, ? Lo que ahora importa destacar es que, como en toda obligaci?n de medios, nunca podr? hablarse de responsabilidad objetiva del Abogado, cuando su obligaci?n sea de esta naturaleza. Este s?lo responde por negligencia, cuya prueba corresponde al demandante, sin perjuicio, naturalmente, de que esa negligencia pueda inducirse de un resultado ?at?pico?.


[1] http://zizania.webcindario.com/pdf/28079110011987100842.pdf

[2]http://zizania.webcindario.com/pdf/28079110011992102577.pdf ?Cabe estimar correctamente invocados los preceptos del Estatuto de la Abogac?a, pues aunque es reiterad?sima la jurisprudencia de esta Sala seg?n la cual no pueden servir de apoyo a la casaci?n por el n?m. 5.? del art. 1692 los preceptos reglamentarios, tambi?n es constante el criterio de admitirlos cuando, como en este caso, tienen el soporte legal del contrato de arrendamiento de servicios al cual se puede asimilar la actividad profesional, y el soporte del art. 1902 del C?digo Civil cuando la actuaci?n profesional fuera de los l?mites contractuales produzca da?os?


Publicado por PEPE-EL-ZIZANIA @ 17:48
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