Miércoles, 10 de noviembre de 2010

Sumario:

1. Introducción. 2. Las fuentes de las obligaciones legales y contractuales del Abogado. 3. Requisitos de la responsabilidad civil de los abogados. 4. Naturaleza contractual de la responsabilidad profesional del abogado. 5. Naturaleza jurídica de la relación con el cliente. Contrato de servicios, de obra o de mandato.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos se viene advirtiendo una cierta proliferación de demandas contra Abogados en reclamación de daños derivados de una práctica profesional negligentemente desplegada, normalmente, en actuaciones judiciales, aunque la responsabilidad de estos profesionales se extiende también a su actividad extrajudicial.

Como en su momento ocurrió con los profesionales de la medicina, la construcción o la prensa, lo que hasta no hace mucho era una tímida tendencia hacia la obtención de una reparación de daños por casos de negligencia particularmente grave y notoria, se va transformando en una corriente cada  vez más acusada hacia la responsabilidad del profesional poco cuidadoso por los daños derivados de una dirección letrada negligente en un determinado asunto.  

Aún no estamos ante una responsabilidad totalmente objetiva, sobre todo en lo que respecta a las actuaciones procesales, por cuanto, al intervenir terceros en la relación jurídica procesal (Juzgador, contrapartes, testigos, etc.), es preciso ganarse la convicción del Juzgador, por lo que la resolución de la pretensión no depende únicamente de la actividad desplegada por las partes.

Al contrario de lo que sucede con la responsabilidad profesional de los médicos en el sector privado, aún no se aplica, por tanto, la responsabilidad meramente objetiva prevista en el artículo 147 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU).

Lo mismo sucede con otros profesionales del Derecho, como los Jueces, Fiscales, Procuradores, Notarios, Registradores de la Propiedad...  Ningún profesional es ya «intocable».  Del respeto reverencial hemos pasado a la conciencia del usuario de su derecho a ser resarcido de los daños y perjuicios que le irroge un comportamiento negligente de un profesional. Se ha abierto, por tanto, la veda de la caza del Abogado negligente que, hace unos años, campaba por el proceso a sus anchas alegre e inmunemente.

El presente artículo tiene por objeto el de dar cuenta del tratamiento de la responsabilidad en el orden jurisdiccional civil de los Abogados frente a sus clientes, con particular atención a los elementos que lo diferencian del régimen general de la responsabilidad, como la naturaleza de esa responsabilidad, sus requisitos, su alcance en relación con otros profesionales (singularmente los procuradores de los Tribunales), la diligencia debida, la cuantificación del perjuicio y del resarcimiento, la aplicación de la doctrina de la pérdida de la oportunidad, las especialidades procesales respecto a la pericial y los casos más frecuentes de reclamación de daños.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la relación del Abogado con su cliente, cabe calificarla, normalmente, como de contrato de prestación de servicios, y, como tal, como hemos dicho antes, cae dentro del ámbito de aplicación del artículo 147 del TRLGDCU, particularmente en lo relativo al régimen de responsabilidad (Libro III).

Aunque, por sorprendente que parezca, ese particular régimen de responsabilidad del TRLGDCU ha servido a nuestro Tribunal Supremo para objetivar la responsabilidad de los servicios médicos privados, pues esta Ley estatuye, con carácter general, una responsabilidad de naturaleza objetiva. Algo que, al menos hasta ahora, todavía no ha llegado a los Abogados, aunque las mismas razones que las esgrimidas para hacer objetivamente responsables a los médicos avalan su aplicación al colectivo de letrados (y, en general, a todos los prestadores de servicios).

Sea como fuere, lo cierto es que el Tribunal Supremo, respecto a la responsabilidad profesional de los Abogados, nunca se ha llegado a aplicar esta normativa.

Tratándose, normalmente, de una obligación de medios, al profesional sólo se le puede exigir un comportamiento, no un resultado (salvo que el encargo encomendado sea de obra), y el incumplimiento de su obligación se producirá, no por la insatisfacción del cliente en cuanto al resultado obtenido, sino por el desarrollo de la actividad sin la diligencia requerida por la «lex artis».

En definitiva, fuera de las reglas que sobre responsabilidad contiene el Libro III del TRLGDCU, para el caso de que la víctima sea un consumidor o usuario en el sentido del art. 3 de la propia ley, no existe un régimen jurídico unitario que permita tratar el problema de la responsabilidad por servicios como un problema que permita soluciones homogéneas.

En cuanto a su tratamiento jurisprudencial, como queda dicho, curiosamente la responsabilidad civil del Abogado (como la de buena parte de la de los Profesionales liberales) es relativamente joven. De la consulta de la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, la primera que aborda la cuestión es la STS de 4 abril 1987 (Id. Cendoj. 28079110011987100842)[1].

2. LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES DEL ABOGADO.

La relación que une al Abogado con su cliente puede ser de muy variada condición, atendiendo al objeto de la obligación de aquél. En el ejercicio libre de la profesión, normalmente se concibe como un contrato de prestación de servicios, que en ocasiones se aproxima al contrato de mandato, sustentado en la buena fe y, sobre todo, en una relación de confianza entre Abogado y cliente.

Pero debe calificarse como contrato de obra cuando la prestación del Abogado consista en la realización de un trabajo cuya conclusión depende de su exclusiva voluntad, tal como la redacción de informes, contratos o determinados documentos, etc.

Con todo, no está clara la línea divisoria de los diferentes trabajos que pueden desempeñar estos profesionales. En consecuencia, y en lo que ahora interesa destacar, para determinar el régimen de las obligaciones del Abogado y, en concreto, el canon de diligencia que le es exigible, ha de acudirse al Código Civil; concretamente a las normas sobre contrato de arrendamiento de servicios (arts.1583 ss.), sobre contrato de mandato (arts. 1542 ss.), o, en su caso, sobre contrato de obra (arts. 1588 ss. CC).

En cuanto al régimen de responsabilidad, debe buscarse en el propio de la específica modalidad contractual de que se trate, en el general de las obligaciones contractuales (arts. 1101 ss. CC), y en el recogido en los arts. 128 y siguientes.

No obstante, tanto el régimen de responsabilidad del Abogado como el canon de diligencia que le es exigible encuentran una formulación más específica en las normas que regulan la profesión, si bien tienen un rango meramente reglamentario o, en el caso de estatutos deontológicos colegiales, carecen de alcance normativo alguno:

  1. El Estatuto General de la Abogacía Española (Real Decreto 658/2001, de 22 junio) (EGAE). De él deben destacarse los arts. 42 (relación con las partes) y 78 y 79 sobre la responsabilidad civil de los abogados, sobre los que luego volveremos. A la vista del rango reglamentario del EGAE, cabe preguntarse si es posible  invocar en el recurso de casación infracción de los artículos contenidos en él. La jurisprudencia ha respondido afirmativamente, sobre la base del soporte que les proporciona las normas que regulan el contrato de arrendamiento de servicios. Así lo ha declarado la STS de 4 febrero 1992 (Id. Cendoj. 8079110011992102577) [2], en un caso en el que en el recurso de casación se denunció la infracción de las normas del ordenamiento jurídico contenidas en los ya derogados arts. 53, 54 y 102 del Real Decreto 2090/1982, de 24 julio, del Estatuto General de la Abogacía.
  2. El Código Deontológico de la Abogacía, fundamentalmente el artículo 13, sobre “Relaciones con los clientes”. De aquí han de destacarse los números  8 a 10.  Si bien ha de destacarse que carecen del carácter normativo, por cuanto las corporaciones profesionales no tienen otorgada potestad reglamentaria.
  3. El Código de Deontología de los Abogados de la Comunidad Europea (adoptado por unanimidad por los representantes de los Colegios de Abogados de la CEE, en la sesión plenaria del CCBE celebrada en Estrasburgo, el 28 octubre 19884), que igualmente carece de valor normativo alguno.
  4. Sobre la responsabilidad civil de los despachos colectivos, debe tenerse presente la reciente Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales (BOE del 16 de marzo), particularmente lo dispuesto en su art. 11 sobre responsabilidad patrimonial de la sociedad profesional y de los profesionales5. De este artículo cabe destacar lo dispuesto en su núm. 2. Después de proclamarse en el núm. 1 la responsabilidad de la sociedad por las deudas sociales, el núm. 2 añade lo siguiente: “No obstante, de las deudas sociales que se deriven de los actos profesionales propiamente dichos responderán solidariamente la sociedad y los profesionales, socios o no, que hayan actuado, siéndoles de aplicación las reglas generales sobre la responsabilidad contractual o extracontractual que correspondan”.

Se está con ello aplicando el régimen general de la responsabilidad por negligencia profesional, se hace responsables solidarios a todos los profesionales que hayan intervenido en un asunto, con independencia de su grado de participación en el mismo y de la naturaleza de su vinculación con la sociedad profesional.

Los Estatutos de los diversos Colegios de Abogados carecen de valor normativo, aunque pueden servir de interpretación para establecer la diligencia profesional y los deberes profesionales.

Los artículos 8, 9, 53, 54, 56 y 102 al 106 del Estatuto General de la Abogacía regulan que:

  1. «La abogacía es una profesión libre e independiente e institución consagrada, en orden a la Justicia, al consejo, a la concordia y a la defensa de derechos e intereses públicos y privados, mediante la aplicación de la ciencia y técnica jurídicas...»;
  2. «Corresponde a la abogacía de forma exclusiva y excluyente la protección de todos los intereses que sean susceptibles de defensa jurídica...»;
  3. «Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de la relación contractual que entre ellos existe, la del cumplimiento, con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional, de la misión de defensa que le sea encomendada. En el desempeño de esta función se atendrá el abogado a las exigencias técnicas, deontológicas y morales adecuadas a la tutela jurídica de cada asunto»;
  4. «El abogado realizará diligentemente las actividades que le imponga la defensa del asunto confiado. Podrá auxiliarse en la práctica de tales actividades de sus colaboradores u otros compañeros»;
  5. «Son obligaciones del abogado para con la parte contraria, la abstención de cualquier acto u omisión que determine una lesión injusta y el trato considerado y cortés en cada caso»;
  6. «Los abogados en su ejercicio profesional están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya defensa les ha sido confiada»;
  7. «La responsabilidad civil a que se refiere el artículo anterior, cuando no vaya unida a la criminal que sea objeto de acción interpuesta por el Ministerio Fiscal o por querellante particular, sólo podrá ser reclamada por el perjudicado o por quienes le sucedan o sustituyan, según las normas generales del Derecho privado»;
  8. «La reclamación de la responsabilidad civil se ajustará a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo el caso de que se exija en unión de la penal por razón de delito o falta»;
  9. «La responsabilidad civil consistirá en la indemnización, a cargo del abogado, de los daños y perjuicios causados»;
  10. «El abogado que reciba el encargo de promover actuaciones de cualquier clase contra otro sobre responsabilidades relacionadas con el ejercicio profesional, deberá acudir previamente al Decano del Colegio por si el mismo considera oportuno realizar una labor de mediación».

3. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ABOGADOS.

Los requisitos de la responsabilidad civil de los Profesionales del Derecho pueden sintetizarse en cuatro elementos esenciales:

  1. La responsabilidad civil profesional del Abogado exige, en primer término, el incumplimiento de sus deberes profesionales. En el caso de la defensa judicial estos deberes se ciñen al respeto de la «lex artis» [reglas del oficio], esto es, de las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso.
  2. Es preciso, en segundo término, que haya existido un perjuicio efectivo. Cuando el daño por el que se exige responsabilidad civil consiste en la frustración de una acción judicial, el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico, cosa que implica, para valorar la procedencia de la acción de responsabilidad, el deber de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción frustrada, pues puede concurrir un daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades: SsTS de 26 de enero de 1999 (Id. Cendoj. 28079110011999101437)[3], 8 de febrero de 2000 (Id. Cendoj. 28079110012000101736)[4], 8 de abril de 2003 (Id. Cendoj. 28079110012003101757)[5] y 28 de febrero del 2008 (Id. Cendoj. 28079110012008100609)[6]. El daño por pérdida de oportunidades es hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando no hay una razonable certidumbre de la probabilidad del resultado. La responsabilidad por pérdida de oportunidades exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea para realizarlas (STS de 27 de julio de 2006, Id. Cendoj. 28079110012006100955)[7]. Este criterio impone examinar si, como consecuencia del incumplimiento de las reglas del oficio, que debe resultar probada, se ha producido --siempre que no concurran elementos ajenos suficientes para desvirtuar su influencia en el resultado dañoso, como la dejadez de la parte, la dificultad objetiva de la posición defendida, la intervención de terceros o la falta de acierto no susceptible de ser corregida por medios procesales de la actuación judicial-- una disminución notable y cierta de las posibilidades de defensa de la parte suficiente para ser configurada como un daño que debe ser resarcido en el marco de la responsabilidad contractual que consagra el artículo 1101 CC (STS 23 de julio de 2008,  Id. Cendoj. 28079110012008100706)[8].
  3. En tercer término, es menester que exista un nexo de causalidad entre el  incumplimiento de los deberes profesionales y el daño producido.
  4. Y, por último,  que el daño sea imputable objetivamente, con arreglo a los principios que pueden extraerse del ordenamiento jurídico, al profesional. El juicio de imputabilidad en que se funda la responsabilidad del Abogado o Procurador exige tener en cuenta que el deber de defensa no implica una obligación de resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no comporta, como regla general, la obligación de lograr una estimación o una resolución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta dependerá, entre otros factores, de haberse logrado la convicción del juzgador (SSTS de 30 de marzo de 2006 Id. Cendoj. 28079110012006100352,[9] 26 de febrero de 2007, Id. Cendoj. 28079110012007100240,[10]  STS 23 de julio de 2008, cit. entre otras).

4. NATURALEZA CONTRACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO.

Parece claro que la relación que media entre un Abogado y su cliente es de naturaleza contractual, no obstante la STS de 14 mayo 1999 [Id. Cendoj. 28079110011999102121][11], alude a la conducta negligente ex art. 1902 CC -FD 5º- habida cuenta que estos preceptos son de aplicación a la culpa contractual en todo aquello que no sea incompatible. La principal consecuencia que de ello se deriva es que el plazo de prescripción de la acción de reclamación de daños del cliente es de 15 años (art. 1964 CC), y no de un año (art. 1968.2º CC) (SSTS de 8 febrero 2000 [Id. Cendoj.  28079110012000101736][12] y 17 noviembre 1995 [Id. Cendoj. 28079110011995102291][13]).

No obstante, en alguna ocasión el cliente encauzó su pretensión por la vía extracontractual, y en la instancia se resolvió sobre la base de que las relaciones entre las partes son de naturaleza contractual, estimándose la demanda al considerarse no prescrita la acción.

Es el caso conocido por la STS de 16 diciembre 1996 (Id. Cendoj. 28079110011996101519)[14], que confirmó la sentencia de la Audiencia aplicando la conocida doctrina de la yuxtaposición de responsabilidades y el principio “iura novit curia”.

Cualquiera que sea la óptica donde se contemple esta responsabilidad, es la contraída por el profesional cuando al desplegar su oficio incurre en un ilícito, esto es, contraviene, por las causas que sean, su prestación o actividad previamente demandada por quien ha concertado sus servicios.

En definitiva, se trata de la responsabilidad por el ejercicio de su hacer de quien ha sido por su profesión requerido por otra persona, mediante la concertación de un negocio jurídico de corte locaticio, en términos generales; todo lo cual reconduce a que siempre en la actuación del responsable preexiste esa conexión con el destinatario de su conducta profesional, lo que responde a la propia naturaleza de las cosas, y con independencia de que, en términos amplios, se puede incurrir en responsabilidad civil por cualquier persona cuando por su conducta o por sus hechos se transgrede una norma de general convivencia, ínsita en el «naeminen laedere» y subsumir dicha conducta en los predicados aquilianos del art. 1902 del Código Civil , ya que por ese ilícito se perjudica a una persona (la mayor parte de las veces desconocida por el autor del mismo), a consecuencia de haber padecido la erosión, el menoscabo, o el daño tras dicha conducta ilícita.

Ello tan así no es predicable, en caso alguno, cuando se trata de los presupuestos integradores de la responsabilidad civil profesional, porque no cabe entender que la persona que asume esa categoría de profesional (bien porque sea un abogado, arquitecto, o un ingeniero, o médico, o perito judicial), y sin que preceda esa conexión con quien luego resulta perjudicado, pueda, sin esa previa conexión o nexo, desplegar su obrar   infringiendo la normativa correspondiente e incurriendo en el ilícito en cuestión.

Se dice que ello no es posible porque toda actividad profesional se ejercita, precisa y exclusivamente, mediante la previa demanda de quien considera útiles los servicios del que ha de actuar como tal, en razón única a la ejecución por la persona en particular requerida de su profesión o la dotación de los conocimientos específicos concretos demandados, variante pues de la gama de prestaciones trabadas por causa al «intuitu personae».

En resumen, en la realidad de los hechos no cabe imaginar que, por lo general, quien por su estamento o titulación, o por sus conocimientos específicos, o por su propia pericia, pueda, espontáneamente, actuar sin ser antes requerido al efecto, e incurrir en su conducta en un ilícito causante de su responsabilidad, lo cual no obsta para que, en casos excepcionales, deba hasta atisbarse un comportamiento profesional sin ese requerimiento previo o sin esa conexión negocial.

En definitiva, parece que no existe duda en el anclaje mayoritario de todas las vicisitudes de este tipo de responsabilidad civil dentro de la especie de contractual, esto es, aquella que late o se gesta cuando, tras el negocio que rodea la relación entre el ejecutor y el destinatario, por parte del ejecutor precisamente por la profesión que ostenta, se ha conexionado con el usuario o el destinatario, de tal suerte que, al cumplir la prestación requerida concertada, incurre en cualquiera de las conductas contraventoras de la regulación de dicha prestación, en cuyo caso, el juego de los artículos 1101 y siguientes del Código Civil , es inconcuso.

Una Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 2001  (Id. Cendoj. 28079110012001101935)[15] enseña que la calificación jurídica de la relación contractual entre Abogado y cliente es, salvo muy concretas excepciones, de contrato de prestación de servicios, definido en el art. 1.544 del Código Civil; esta prestación, como relación personal «intuitu personae» incluye el deber de cumplirlos y el de fidelidad, derivado de la norma general del art. 1.258 del Código Civil, y que imponen al profesional el deber de ejecución óptima del servicio contratado.

Pues bien; admitida la naturaleza de contractual de la relación entre abogado y cliente es necesario reseñar la legislación aplicable al caso y en este punto el Código Civil preceptúa:

Los artículos 1.101 al 1.109 todos del citado Texto Legal disponen que, quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier formas contravinieren al tenor de las mismas , - se trata de los mismos requisitos que la jurisprudencia y la doctrina exigen para subsistente la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de infracción de contrato; asi la imputabilidad del agente; una conducta culposa o imperita,; un daño sobrevenido y una relación causal entre la conducta negligente del demandado los daños y los perjuicios sufridos.

La doctrina legal interpretadora del art. 1.101 del Código Civil exige para que el cumplimiento contractual derive la obligación de indemnizar perjuicios a cargo del incumplidor, para aquél a cuyo favor estuviese establecido el vínculo: obligación constituida, incumplimiento por el por el obligado y consiguiente causación efectiva de perjuicios derivados precisamente de ese incumplimiento en relación causa - efecto.

La reparación indemnizatoria que deriva de la observancia del artículo 1.101 del Código Civil, viene condicionada a una doble contingencia... ...la probanza de los daños y perjuicios, cuya existencia y prueba es cuestión de hecho, y la atribución de su comisión a un quehacer doloso, negligente o moroso, es decir, a una conducta culposa entendida en sentido amplio.

La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones; que la responsabilidad que proceda de negligencia es exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; que la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de la diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar; fuera de los casos expresamente mencionados en la Ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o, que, previstos, fueran inevitables; la indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor; los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento; en caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación; si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, el interés legal; los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto.

Ya dentro del campo contractual, la relación entre Abogado y cliente, se configura como un arrendamiento de servicios (art. 1.542 y siguientes del CC), constituyendo una obligación no de resultados sino de medios, estando obligado a poner a disposición del cliente sus conocimientos jurídicos pero sin garantizar un resultado concreto.

En el encargo al abogado por su cliente, es obvio que se está en presencia de un arrendamiento de servicios o «contrato de servicios», en la idea de que una persona se obliga a prestar unos determinados servicios, esto es, el desempeño de la actividad profesional a quien acude al mismo acuciado por la necesidad o problema solicitando la asistencia consistente en la correspondiente defensa judicial o extrajudicial de los intereses confiados; el abogado, pues, comparte una obligación de medios, obligándose exclusivamente a desplegar sus actividades con la debida diligencia y acorde con su «lex artis», sin que por lo tanto garantice o se comprometa al resultado de la misma el éxito de la pretensión; y en cuanto los deberes que comprende esa obligación, habida cuenta la específica profesión del abogado, no es posible efectuar de antemano un elenco cerrado de deberes u obligaciones que incumben al profesional en el desempeño de su función, por cuanto se podía, por un lado, pensar que tales deberes en una versión sintética se reducen a la ejecución de esa prestación, de tal suerte que se enderece la misma al designio o la finalidad pretendida, en el bien entendido como abundante jurisprudencia sostiene al respecto, que esa prestación no es una prestación de resultados sino de medios, de tal suerte que el profesional se obliga efectivamente a desempeñarla bien, con esa finalidad, sin que se comprometa ni garantice el resultado correspondiente.

También en otra versión podían desmenuzarse todos aquellos deberes o comportamientos que integran esa prestación o en las respectivas conductas a que pueda dar lugar o motivar el ejercicio de esa prestación medial en pos a la cual, se afirma la responsabilidad; «ad exemplum»: informar de «pros y contras», riesgo del asunto o conveniencia o no del acceso judicial, costos, gravedad de la situación, probabilidad de éxito o fracaso, lealtad y honestidad en el desempeño del encargo, respeto y observancia escrupulosa en leyes procesales, y cómo no aplicación al problema de los indispensables conocimientos de la ley y del Derecho; por tanto, y ya en sede de su responsabilidad, todo lo que suponga un apartamiento de las circunstancias que integran esa obligación o infracción de esos deberes, y partiendo de que se está en la esfera de una responsabilidad subjetiva de corte contractual, en donde no opera la inversión de la carga de la prueba, será preciso, pues, como un plus en ese juicio de reproche, acreditar la culpabilidad, siempre y cuando quepa imputársela personalmente al abogado interviniente (sin que se dude que, a tenor del principio general del art. 1214 en relación con el art. 1183 del Código Civil a sensu excluyente dentro de esta responsabilidad contractual, será el actor o reclamante del daño, esto es, el cliente, el que deba probar los presupuestos de la responsabilidad del abogado el cual, ab initio, goza de la presunción de diligencia en su actuación profesional) sin que, por ello, deba responderse por las actuaciones de cualquier otro profesional que coadyuve o coopere a la intervención.

Es el encargo que se realiza por su cliente al abogado en consideración a su pericia, a su  profesión, a su aptitud laboral cualificada, en virtud de lo cual se compromete a realizar un hacer mediante una contraprestación. La naturaleza jurídica de este encargo puede ser o una «locatio operarum» o más bien una «locatio operis»; lo que caracteriza este tipo de negocio es que por este encargo se ubica la responsabilidad civil profesional dentro del marco de la responsabilidad contractual.

Pues bien: el contrato de prestación de servicios es definido en el artículo 1544 del Código Civil conjuntamente con el de obra, a los que llama de " arrendamiento ", como contrato por el que una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio por precio cierto; está paupérrimamente contemplado en los artículos 1583 a 1587 , la mayoría de ellos derogados tácitamente, por lo que se regula por lo pactado y por lo previsto reglamentariamente, como es, en el caso del contrato celebrado con abogado, el Estatuto General de la Abogacía. Efectivamente, el objeto de este contrato es la prestación de servicios y éstos pueden ser predominantemente intelectuales o manuales, pudiendo ser uno de ellos los propios de las profesiones liberales, como la de abogado: así, sentencias de 6 de octubre de 1989 (Id. Cendoj. 28079110011989100938)[16] y 23 de octubre de 1992 (Id. Cendoj. 28079110011992103141)[17].

 

5. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE. CONTRATO DE SERVICIOS, DE OBRA O DE MANDATO.

Ya hemos dicho que, dependiendo de la tarea que se encomiende al abogado, la relación que le une con su cliente podrá calificarse como contrato de arrendamiento de servicios, contrato de obra o, incluso, contrato de mandato.

En cuanto a la jurisprudencia, por regla general concibe la relación del abogado con su cliente como un contrato de servicios7, si bien lo cierto es que las más de las veces aborda la cuestión desde la perspectiva de la prestación del abogado como director letrado en un determinado pleito, independientemente de la relación contractual con su cliente.

Es desde esta perspectiva que se llega a la tradicional concepción de su obligación como de medios y no como de resultado, de donde resulta el canon de diligencia exigible8.

Pero esto debe ser matizado. Existirá obligación de medios (y no de resultados) en los casos en los que el resultado final pretendido por el cliente no dependa de forma exclusiva de la voluntad del Abogado, sino de un tercero (Juez, contraparte [v. la STS de 25 noviembre 1999 –Id. Cendoj. 28079110011999101228][18], etc.).

Como dice la STS de 3 octubre 1998 (Id. Cendoj. 28079110011998101804)[19], el Abogado no puede ser responsable de un acto de tercero (el órgano judicial), que puede estar o no de acuerdo con la tesis y argumentaciones que hayan formulado en defensa de los intereses encomendados.

En estos casos, una vez aceptado el encargo, la obligación del abogado consistirá en desplegar la actividad necesaria con la diligencia exigible dirigida a obtener el resultado pretendido por el cliente.

Por el contrario, habrá obligación de resultados, cuando habiendo recibido y aceptado el encargo del cliente, la obtención de aquéllos dependa de forma exclusiva de la voluntad del Abogado. Así sucede cuando lo que debe hacer el Abogado es redactar informes, dictámenes, contratos, estatutos, etc. Como señala la citada STS de 3 octubre 1998 (cit.; FD 3º), se trata de un contrato de arrendamiento de servicios el que le vincula con su cliente, salvo que haya sido contratado para una obra determinada, como un informe o dictamen.

También cabe hablar de obligación de resultados en la realización de ciertos actos procesales: redacción de demanda, escritos, recursos, … Lo que ahora importa destacar es que, como en toda obligación de medios, nunca podrá hablarse de responsabilidad objetiva del Abogado, cuando su obligación sea de esta naturaleza. Este sólo responde por negligencia, cuya prueba corresponde al demandante, sin perjuicio, naturalmente, de que esa negligencia pueda inducirse de un resultado “atípico”.


[1] http://zizania.webcindario.com/pdf/28079110011987100842.pdf

[2]http://zizania.webcindario.com/pdf/28079110011992102577.pdfCabe estimar correctamente invocados los preceptos del Estatuto de la Abogacía, pues aunque es reiteradísima la jurisprudencia de esta Sala según la cual no pueden servir de apoyo a la casación por el núm. 5.º del art. 1692 los preceptos reglamentarios, también es constante el criterio de admitirlos cuando, como en este caso, tienen el soporte legal del contrato de arrendamiento de servicios al cual se puede asimilar la actividad profesional, y el soporte del art. 1902 del Código Civil cuando la actuación profesional fuera de los límites contractuales produzca daños”


Publicado por PEPE-EL-ZIZANIA @ 17:48
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